El Supremo recurre al TJUE: consulta si la ratio de una VTC por 30 taxis es legal
La Justicia española eleva a Europa si esta proporción es compatible con la libertad de establecimiento y la prohibición de ayudas de Estado después de que Maxi Mobility haya pedido a Madrid 1.000 autorizaciones
MADRID. LA INFORMACIÓN.- El Tribunal Supremo eleva la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis, aprobada en España en 2018, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para preguntar si es compatible con la libertad de establecimiento y con la prohibición de ayudas de Estado. En un auto fechado el pasado 20 de mayo al que ha tenido acceso Efe, el Supremo se dirige al TJUE a instancias de la empresa Maxi Mobility, que había pedido a la Comunidad de Madrid 1.000 autorizaciones de arrendamientos de vehículos de transporte con conductor (VTC).
La empresa sostiene que con esa limitación se ha vulnerado la libertad de establecimiento y la prohibición de ayudas de Estado. Además ve incorrecta la regulación del arrendamiento de VTC, que es un transporte discrecional, al encuadrarlo con el arrendamiento de vehículos sin conductor, que es una actividad auxiliar al transporte. El real-decreto ley aprobado por el Gobierno en abril de 2018, conocido como el decreto Ábalos (por el exministro de Fomento), recogía la posibilidad de que las comunidades autónomas denegaran la concesión de nuevas licencias cuando la proporción fuera superior a un VTC por cada treinta taxis.
En contra de las pretensiones de Maxi Mobility se han manifestado la Comunidad de Madrid, la Asociación Nacional del Taxi y la asociación Taxi Project 2.0. El Tribunal Supremo ya avaló en junio de 2018 la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de vehículos de alquiler con conductor (VTC), vigente desde 2015, en los casos en los que este límite sea necesario y proporcional “como forma de garantizar el equilibrio” entre estas modalidades de transporte. Pero entonces el fallo del Supremo versó sobre la compatibilidad de las restricciones impugnadas con la normativa nacional, en concreto con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). En esta ocasión lo que plantea el Alto tribunal español al TJUE es si la norma choca con la libertad de establecimiento y con la prohibición de ayudas de Estado.
Este medio ya adelantó que el Supremo revisaría a fondo su posición sobre la ya archiconocida ratio, tras haber admitido más de una veintena de recursos presentados por Cabify. Se trata de denegaciones, principalmente, de la Comunidad de Madrid para poner en marcha casi 26.000 de estos activos, lo que supone más que triplicar las que hoy hay activas sólo en la capital. En el año 2018 todo quedó zanjado, al menos sobre el papel, cuando el propio Supremo determinó que los límites cuantitativos a las autorizaciones VTC no son contrarios a la competencia y, por tanto, descartó una liberalización ‘de facto’. Era una victoria del taxi, pues así se mantenía el tapón para no inundar aún más el mercado con estos permisos. Ahora, el Alto Tribunal, ha decidido analizar de nuevo si la ratio 1-30 tiene sentido. Asegura que va a “reforzar, completar, matizar o corregir” su propia jurisprudencia. Busca pronunciarse de forma directa sobre la incidencia que pudiera tener el criterio de proporcionalidad previsto en la libertad de establecimiento de la legislación europea en es ratio o la eventual consideración de ésta como ayuda de estado al taxi.
Ese primer semestre de 2018 marcó mucho al sector. La guerra del taxi se intensificó en las calles, después de ese aluvión de licencias autorizadas por el Supremo y solicitadas antes de 2015 por el ‘agujero’ en la ley. También por la sentencia del mismo tribunal que lo frenó. En aquellas fechas, Cabify tenía bastantes menos licencias en propiedad y optó por respaldar financieramente a Auro New Transport, fundada por el exjefe del taxi madrileño José Antonio Parrondo, y a otros empresarios para que adquirieran estos permisos y construyeran flotas relevantes que trabajaran en exclusiva para ellos. La situación financiera complicada ante el cerco regulatorio de algunas de las comunidades autónomas llevó a la propia Cabify a rescatar a una de las filiales de Auro -a cambio de la cancelación de parte de la deuda- y a la recompra del 60% de Vector Ronda, en manos del empresario andaluz Rosauro Varo. Desde ese momento es dueño directo de más de 2.000 permisos.
