Taxis con picaresca en Salou

SALOU. LA VANGUARDIA. ORIOL MARGALEF.- Diez de la mañana. Los Mossos paran una furgoneta con turistas cerca de la Pineda, en la Costa Daurada. El conductor, el único que habla algo de español, es moldavo. El resto son una familia rusa. “Somos amigos. Vamos todos a pasar el día a Port Aventura”, dice el chófer. “Friends, friends”, repite la madre en el asiento de atrás. Algo huele a chamusquina. Son cinco, pero sólo han comprado cuatro entradas. Los Mossos toman nota de la matrícula, un vehículo alquilado. Sospechan que es un servicio de transporte ilegal, lo que popularmente se conoce como un taxi pirata. Pero no consiguen que los pasajeros confirmen que han pagado por el servicio, y así no se le puede denunciar. Al final le dan vía libre.
Con la crisis hay menos para repartir, y los chóferes sin licencia cobran relevancia en las zonas turísticas. Ante las quejas de los taxistas que sí pagan impuestos, la Generalitat ha tomado cartas en el asunto. Este verano hay más controles de Mossos que nunca. Aunque “no es fácil cazar a los infractores”, explica Carlos Prada, inspector de Transports. Los agentes deben conseguir que algún pasajero denuncie que ha pagado por el servicio. Muchos, la mayoría rusos en la Costa Daurada, temen perder viaje y dinero, y cuando la policía pregunta, reconocen al chófer como un amigo. La amistad no es delito.

Una carrera en taxi entre Salou y el aeropuerto sale por unos 30 euros. Hay quien se ofrece a llevar a los turistas por una tercera parte de ese coste. Y hay quien ofrece excursiones de todo un día a Barcelona por 600 euros. “Trabajan impunemente, con todo el morro, y muchos actúan en connivencia con personal de hoteles y agencias turísticas, que cobran comisión”, según Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Taxistas de Salou.
El fenómeno cobra importancia, reconoce la Generalitat, y esto se produce en plena caída de ingresos del sector. Desde que empezó la crisis, los chóferes profesionales ingresan un 40% menos que antes. Llenar el depósito, por el contrario, sale de media unos 12 euros más caro que hace un año.
Para poner coto al asunto, la dirección general de Transports i Mobilitat ha movilizado 45 mossos a la caza de piratas. Los agentes hacen controles en los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus, así como en las zonas turísticas de la costa. “Este año hemos conseguido un aumento de las denuncias. La propia dinámica nos ha llevado a aumentar las inspecciones, que buscan un efecto disuasivo”, afirma Ricard Font, director de Transports i Mobilitat. En todo el verano pasado, los agentes denunciaron a 30 chóferes por irregularidades (desde no disponer de licencia hasta recoger clientes fuera del ámbito territorial asignado). A 10 de agosto de este año, las denuncias ya eran 64, más del doble. De ellas, 19 eran por falta de autorización.
“No queremos molestar a los turistas, pero debemos ser contundentes defendiendo la calidad. Un buen servicio de taxi contribuye a la buena imagen del país”, afirma Font, quien pide colaboración tanto a los propios taxistas legales como a los operadores turísticos. El importe de las sanciones llega a los 1.500 euros, aunque, como reconoce el propio Font, resulta muy complicado identificar los transportes ilegales.