El Gobierno aprueba los nuevos requisitos para las empresas como Uber y Cabify

 

  • No podrán vender sus licencias en dos años y deberán dar cuenta de sus servicios en un registro público
  • Pese a la oposición de la CNMC el reglamento incorpora algunas de las peticiones de FEDETAXI.
  • El Consejo de Ministros aprueba el real decreto antiespeculación para el control de la VTC.

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes por Real Decreto los nuevos requisitos y medidas anunciados por el Ministerio de Fomento para las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, según avanzó este Departamento.

Con estas medidas, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera injustificadas, Fomento pretende facilitar la convivencia de este sector con el del taxi.

El gremio de taxistas ha llevado a cabo a lo largo de este año distintos paros y movilizaciones en protesta por el intrusismo y la competencia desleal que, a su juicio, representan los VTC.

A ello se suma el hecho de que este sector recibirá próximamente miles de nuevas licencias por vía judicial, gracias a un vacío legal registrado entre los años 2009 y 2015, que sobrepasarán aún en mayor cuantía que en la actualidad el ratio establecido en la ley de dar una licencia de VTC por cada treinta de taxi.

NUEVOS REQUISITOS.

En este contexto, y para facilitar la coexistencia de ambos modos de transporte urbano, las nuevas medidas impedirán a los titulares de licencias VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen ‘burbujas’ con estos títulos.

Asimismo, las empresas como Uber o Cabify deberán inscribir todos los servicios que realicen en un registro público para garantizar que se efectúan conforme a la ley, esto es, con un contrato previo y sin superar la cota de transporte fuera de una región permitida.

Además, el Real Decreto “impondrá” que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC, aunque estas hayan sido obtenidas mediante sentencia, deben cumplir los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la correspondiente autorización, con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios.