El presidente portugués veta una ley para Uber o Cabify por no abordar la cuestión del taxi

El presidente portugués veta una ley para Uber o Cabify por no abordar la cuestión del taxi
29 DE ABRIL DE 2018UBER – ARCHIVO

LISBOA. EFE.- 

Lisboa, 29 abr (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha devuelto hoy al Parlamento el proyecto de ley que regula las plataformas de transporte de pasajeros, como Uber o Cabify, y le ha pedido que busque una solución más equilibrada en el trato de estos operadores con respecto a los tradicionales taxis.

Rebelo de Sousa “envió hoy un mensaje a la Asamblea de la República, indicando que decidió devolver, sin promulgar, el decreto” que regula el transporte de pasajeros a partir de plataformas electrónicas, precisa la nota difundida por la presidencia lusa.

 El presidente considera que en su estado actual esta ley, aprobada el pasado 23 de marzo, presenta “dos reservas políticas de fondo”.

La primera es que solo abarca a las citadas plataformas de transporte, sin revisar al mismo tiempo el régimen legal de la otra entidad con la que compiten, los taxis.

Y la segunda, añade la nota, es que con ese texto legislativo “no se logró plenamente el propósito de alcanzar una solución equilibrada”.

El presidente recuerda que este tema ha suscitado debate en otros países y que no hay regulaciones nacionales específicas, por lo que califica de “innovadora” la normativa portuguesa.

Reconoce el esfuerzo del Gobierno y los partidos que la aprobaron pero pide al Parlamento que “muestre apertura para volver a evaluar la mencionada solución”, con vistas a obtener un equilibro real, regulando a los nuevos operadores “paralelamente con la modernización de la regulación de los taxis”.

La ley fue aprobada con los votos a favor del gobernante Partido Socialista, del conservador PSD (centro-derecha, líder de la oposición) y del democristiano CDS-PP.

El texto estipulaba que los conductores de estas plataformas deberían realizar un curso de formación, limitaba a un máximo de diez horas diarias su jornada laboral y exigía que tuvieran un contrato de trabajo con el operador.

Además, las plataformas tendrían que pagar una contribución de entre el 0,1 % y el 2 % de su facturación, según lo que definiese el Gobierno, para compensar los costes administrativos de regulación.

Los vehículos utilizados para prestar estos servicios de transporte no podrían tener más de siete años de antigüedad. EFE

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