La deuda del gigante de la VTC Moove con Uber sube a 225 millones por los intereses
La estadounidense no ejerce por ahora la opción de compra de acciones y mantiene su posición accionarial en el 30% de la compañía participada por el empresario español Jaime Castellanos y el fondo King Street.
MADRID. LA INFORMACIÓN. JESÚS MARTINEZ.- La deuda a pagar a Uber por Moove Cars, la mayor empresa de licencias VTC de España, sigue engordando. El grupo de flotas debía a cierre del pasado trimestre más de 225 millones de euros. La razón del crecimiento hay que encontrarla en los intereses acumulados durante estos dos primeros años desde el rescate ejecutado por el gigante estadounidense, su principal y casi único cliente. Éste mantiene su posición accionarial intacta en el 30% pese a que a partir de este segundo aniversario tiene la opción de adquirir más títulos de la empresa participada por el fondo King Street o el empresario español Jaime Castellanos.
El acuerdo se firmó en febrero de 2021, tras muchos meses de negociación y en plena situación financiera grave del grupo dueño de más de 4.000 autorizaciones de VTC. La clave, más allá de la entrada en el accionariado, era el préstamo a largo plazo de hasta 213 millones de dólares de aquella fecha, que daba oxígeno para la operativa diaria y para refinanciar la importante deuda existente. La fecha final de devolución era 2026. Es decir, tenía una vida de 5 años y unos intereses financieros. Poco a poco, la cantidad adeudada ha ido creciendo por éstos últimos. Un año después, a cierre de 2021, debía menos del tope previsiblemente porque no se había utilizado todo. Ahora, a finales del pasado mes de marzo, se sitúa en los 247 millones de dólares. Es un crecimiento de más del 20% en algo más de un año. Los intereses acumulados son los causantes de este incremento.
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Esta no es la única novedad en el acuerdo entre ambas partes. El pasado mes de febrero, como ha asegurado Uber a sus accionistas, alcanzaron un nuevo pacto para que Uber liquidara ciertas contraprestaciones pendientes. El pago a Moove Cars es poco significativo, porque no se contempla como gasto en las cuentas de la compañía estadounidense. El desembolso se ejecuta a la compañía de VTC y no a los accionistas, por lo que no tiene nada que ver con el tope fijado de pago por el 30% de las acciones acordado en el rescate.
Moove Cars es un operador relevante para Uber. Se conformó tras la adquisición por parte de King Street de las cerca de 4.000 licencias en manos de Ares Capital, de los hermanos Ortigüela, y reclamadas por vía judicial. Tiene un acuerdo de exclusividad para operar en la plataforma de la tecnológica estadounidense. “Moove carece de capital suficiente para financiar sus actividades sin apoyo financiero futuro; estamos expuestos a los riesgos económicos y a recompensas a través de nuestra inversión de capital, el préstamo y el acuerdo comercial”, apostilla la americana.
Control de las flotas
Ese pacto comercial se antoja clave, pues hoy una parte mayoritaria de estas autorizaciones están en manos de grandes flotas. El control de éstas por firmas como la propia Uber o Cabify asegura que haya oferta suficiente para cubrir la demanda. La firma española optó no tanto por invertir con deuda y una parte minoritaria de las acciones -algo que hizo en un primer momento con empresas como Auro, para que adquirieran las autorizaciones VTC- sino también con adquisiciones directas. Lo hizo con Prestige and Limousine, una filial de Auro que adquirió al salir al rescate, o con Vector, que compartía con el empresario español Rosauro Varo.
Con el mantenimiento sin cambios del 30% de Uber en Moove, el reparto se queda con una mayoría por parte de King Street y una posición de un 21% de Mirtosan Spain, la sociedad con la que invierte Jaime Castellanos, quien fuera presidente del grupo Recoletos y del banco de inversión Lazard, y sus socios. El fondo con sede en Reino Unido controla el 49% a través de sociedades en Luxemburgo. Éste último mantiene otros tres consejeros en el máximo órgano de administración (ocupando el puesto de presidente), donde siguen estando Manuel Puga, como consejero delegado; el propio Casstellanos y José Julio Figueroa Gómez de Salazar, director general del Área de Asesoría Jurídica en Acciona.
Mientras tanto, la situación regulatoria sigue siendo la principal obsesión de los principales nombres de este sector. Tras el cumplimiento del periodo de gracia de cuatro años del ‘decreto Ábalos’ entraron en vigor las reglas impuestas por las diferentes comunidades autónomas, siendo Cataluña la más restrictiva. Todos los ojos, tanto de los empresarios como de los propios taxistas, están puestos en el Tribunal de Justicia de la UE que se tiene que pronunciar sobre las limitaciones al número de autorizaciones (la ratio 1-30) después de que el Tribunal Supremo planteara una cuestión prejudicial.