Un taxi robado destapa una trama ilegal. Queja de las asociaciones

* La Policía Municipal encontró hace días un coche sustraído que funcionaba como taxi, y pertenecía a una asociación que en realidad se dedica a la actividad prohibida de subarrendar las licencias MADRID. EL MUNDO. PABLO HERRAIZ/QUICO ALSEDO.- Un encuentro casual ha destapado el oscuro negocio que se cierne sobre el mundo del taxi de Madrid. Hace poco más de una semana, la Policía Municipal encontró un taxi abandonado en el distrito de Moncloa, en la calle Valle de Bergantiños. Los agentes se fijaron en que el vehículo parecía abandonado y una de las puertas tenía aspecto de estar mal cerrada.

Al hacer las comprobaciones pertinentes, se descubrió que se trataba de un coche robado. Ese coche era un Skoda Octavia, el típico vehículo que utiliza gran parte de los taxistas de la capital.

Lo más extraño es que el vehículo no estaba registrado como taxi, sino como coche particular, aunque curiosamente pertenece a una taxista de las llamadas floteras. Además, la matrícula que llevaba no era la suya; pertenecía a un taxi, también un Skoda Octavia, pero desde luego no era ese. Para rematar, la licencia tampoco se correspondía con la matrícula: era la que utiliza un Toyota Prius, otro de los modelos más utilizados por los taxistas.

La investigación de los policías del distrito de Moncloa (precisamente días antes de que trasladaran a la oficial Cándida Jiménez) determinó que, además, ni el taxímetro ni la capilla (las luces que llevan los taxis en el techo) pertenecían a ninguno de esos vehículos. Más bien parecían sacados de algún vehículo que hubiera sufrido un siniestro. Un taxi frankenstein, en suma.

Además se descubrió relación entre los propietarios de la matrícula y la licencia, ya que ambos habían subarrendado su licencia a la Asociación Pionera del Taxi de Madrid.

Y lo más curioso de todo es que subarrendar licencias está prohibido expresamente por el reglamento de Servicios de Transporte Público, pero este hallazgo ha destapado que existe una asociación que en realidad es una empresa dedicada a la labor ilegal de gestionar licencias de taxistas.

Según ha descubierto este periódico, esa empresa, con sede en el polígono de la Cerámica de Vallecas (donde acuden centenares de taxistas a talleres, etc.), tiene detrás a varios de los llamados en el gremio floteros, que gestionan varios taxis a la vez. En Madrid es legal tener hasta tres licencias, pero lo ilegal es el subarriendo.

Y sin embargo, la Policía localizó a un empleado de esta asociación, que confirmó que la empresa se dedica a eso. También ratificó que tanto la licencia que figuraba en el vehículo robado como la que se corresponde con la matrícula que llevaba están gestionadas por esta Asociación Pionera del Taxi de Madrid. Esta asociación no figura en el Registro Mercantil como empresa, y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hacer referencia a ella como asociación sindical, que depositó sus estatutos en el registro regional.

Detrás de esta empresa hay varias personas. Una de ellas es Juan de Dios, un ex policía que lleva una década dedicado al mundo del taxi, tiene tres licencias y está vinculado a otras empresas con sede en el mismo polígono de la Cerámica. También figura como promotora de esta asociación Leonor Armero, que tiene otras tres licencias, y Clementina Menéndez, también autónoma del taxi.

Hay muchas coincidencias sospechosas en esta historia: el vehículo particular robado a una taxista, la matrícula y la licencia de otros dos taxistas que a su vez subarriendan la licencia a una asociación gestionada por un ex policía… En el sector han saltado todas las alarmas.

Según fuentes policiales, estas empresas que subarriendan licencias suelen ofrecer sus servicios a jubilados, que ahora no quieren vender su licencia (el precio ronda los 150.000 euros) porque hay poca demanda. El pacto suele consistir en pagarles un fijo o un variable mensual y dejar que ellos figuren como los que explotan esas licencias, contratando a su nombre a conductores y realizando todas las gestiones.

Por eso, las principales asociaciones de taxistas han denunciado esta práctica, que constituye una infracción y podría implicar delitos fiscales, pues la comisión de las gestoras no figura en ningún sitio.