Uber planta batalla judicial

Travis Kalanick, chief executive of Uber, outside the Sydney Opera House.* La empresa cambia de estrategia en España tras su cierre y apela a la legislación comunitaria ante el juez para romper el «círculo vicioso» de las licencias de taxi

MADRID. EL MUNDO. CÉSAR URRUTIA.- Uber espera que el juez levante en cuestión de semanas el cierre que ha impuesto sobre su servicio alternativo al taxi en Madrid, Barcelona y Valencia. La compañía californiana ha interpuesto ya un recurso extraordinario de nulidad sobre la base de que el juez ha violado artículos «claves» de la Constitución que garantizan a los acusados el derecho a una defensa justa.
Si el juez estima las alegaciones de los abogados de Uber, la empresa espera poder volver a operar hasta que se determine si su modelo de negocio, basado en poner en contacto a conductores sin más licencia que su permiso de conducir con clientes que demandan un servicio de transporte urbano, es competencia desleal con los taxistas.
Si el juez estima sus alegaciones, Uber espera poder volver a operar en semanas
Uber, que hasta el pasado 31 de diciembre funcionó durante ocho meses al margen de la regulación, defenderá su derecho a la libre prestación de servicios y el de los consumidores a elegir libremente su modo de transporte, entre otras alegaciones. Espera así que el consumo colaborativo que le sirve de plataforma de negocio se reconozca como parte del transporte regulado.
La empresa ha acusado el golpe en España de la misma manera que afronta la prohibición de sus servicios en Francia -París es la primera ciudad a la que saltó Uber fuera de Estados Unidos-, Holanda, Tailandia o Brasil. Su argumento es que la regulación del transporte urbano, y especialmente el del taxi, es un ejemplo de perjuicio para los pasajeros y conductores. El número limitado de licencias otorgadas por los ayuntamientos, en su opinión, impide la innovación y la mejora de los servicios.

Un ‘círculo vicioso’

«Las licencias han evolucionado de un derecho individual a un activo restringido artificialmente y comercializado a precios astronómicos entre particulares. Los conductores están obligados a ser parte de este sistema desleal, bien teniendo que hipotecarse para pagar los altísimos precios o subarrendando el derecho a conducir a un propietario a cambio de una parte muy significativa de los ingresos», explican fuentes de la compañía.

«Es es un círculo vicioso de una oferta artificialmente limitada y tarifas artificialmente altas donde todos perdemos», concluyen.
«Las licencias han evolucionado de un derecho individual a un activo restringido»
Uber espera que su reapertura le permita activar servicios, aunque se mantenga la prohibición sobre UberPop, el que ha provocado la reacción de los taxistas pero, también, el más valorado por una empresa que aspira a masificar su uso, por el que cobra una comisión del 20% sobre la tarifa de cada viaje.
A su favor, o al menos al de hacer sitio a la economía digital en la regulación, está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que ha pedido integrar a Uber en «competencia «efectiva» con los taxis- y, en Bruselas, la Comisión Europea -que es contraria a la prohibición de Uber, a la que no considera «el enemigo» de los taxistas-. Pero al margen de todos los argumentos, es más que probable que la empresa encuentre en las administraciones un apoyo tibio a sus propuestas.
Su irrupción en Barcelona, Madrid o Valencia cogió por sorpresa a ayuntamientos y gobiernos regionales, que se declaraban incapaces de ponerse en contacto con la empresa para notificarle que actuaba fuera de la regulación. Prácticamente en vísperas de elecciones, es posible que las administraciones sean ahora las que no tengan prisa por estudiar cambios en la regulación.

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