UBER: el Gobierno le pasa la patata caliente a ayuntamientos y comunidades

Barcelona. Infotaxi.-  Asegura que los servicios que presta la plataforma son de “ámbito urbano” | Pese a ello, el Ministerio de Fomento es el órgano competente para regularlos

El Gobierno ha asegurado que servicios como el que presta la empresa Uber son responsabilidad de las administraciones autonómicas o locales, dado que al menos hasta el momento sólo funcionan en el ámbito urbano, aunque advierte de que se impondrán sanciones siempre que se detecten “prácticas ilegales” como que este tipo de compañías funcionen como un transporte público sin licencia.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que hasta la fecha Uber realiza únicamente “transporte urbano” en España, un ámbito que cae en las competencias “exclusivas” de las comunidades autónomas o, en su caso, de las administraciones locales, que son las responsables de su regulación y control, y no el Ministerio de Fomento.
Además, hace hincapié en las diferencias existentes entre aplicaciones que “simplemente pretenden poner en contacto a usuarios para compartir vehículo y gastos para un trayecto en común” y otras que funcionan como “actividades empresariales” que, “como cualquier otra modalidad de transporte público”, están sujetas a la obligación de obtener una autorización y de respetar la regulación laboral y tributaria.

Fomento sí es competente
Pese a lo afirmado por el Ejecutivo, lo cierto es que el Gobierno central sí tiene competencias en materia de transporte terrestre, tal como recoge el propio Ministerio de Fomento al señalar que, entre las funciones de la Dirección General de Transporte Terrestre se encuentran “la ordenación general y regulación del sistema de transporte terrestre” y “la elaboración de reglas de coordinación relativas al ejercicio de las competencias delegadas por el Estado en las comunidades autónomas en materia de servicios de transporte (…) por carretera”.
De hecho, el pasado 9 de junio era el Gobierno central aseguraba que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación estatal de transporte terrestre “ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares”

La respuesta del Gobierno ahora, en la que parece dar un paso atrás, es consecuencia de una pregunta del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien el pasado mes de junio, en pleno conflicto de los taxistas con plataformas como Uber o Blablacar, exigió al Gobierno que prohibiera “de inmediato” este tipo de servicios “sanguijuela” que, bajo “supuestos acuerdos de consumo colaborativo”, llevan a cabo en realidad una actividad de transporte de viajeros “ilegal” y cometiendo “fraude laboral y tributario”.
En una pregunta escrita, el diputado explicaba que las empresas como Uber utilizan aplicaciones para el móvil para “enganchar” a conductores particulares para que utilicen su propio vehículo como un servicio de taxi para obtener ingresos adicionales, a cambio de que paguen el 20% de su recaudación a la empresa. Una actividad que cae en varias “ilegalidades” relativas a la tarificación, los seguros de responsabilidad social o las autorizaciones públicas y consecuentes controles.
Además, Llamazares señalaba que la Generalitat de Catalunya abrió un expediente informativo a Uber por una supuesta actividad irregular llevada a cabo en Barcelona, donde la empresa se instaló en abril de 2014, y emplazaba al Ejecutivo a actuar del mismo modo a nivel nacional.