Marc Tarrés: “Las nuevas normativas han de clarificar el papel del taxi en el transporte urbano”

Las nuevas normativas han de clarificar el papel del taxi en el transporte urbano

La pandemia por COVID-19 y sus efectos sobre la actividad económica mundial han dado de pleno en sector del taxi. En Catalunya, pero muy especialmente en el área metropolitana de Barcelona, se ha visto afectado de un modo casi dramático y con una sensación cierta de desamparo por parte de las administraciones públicas competentes.

La situación actual ha agravado la incertidumbre provocada con la concesión durante la última década de miles de autorizaciones VTC. Esas autorizaciones terminaron en manos de unos pocos operadores que las pusieron a disposición de conocidas plataformas digitales que irrumpieron abruptamente en el transporte urbano en vehículo de turismo aprovechando resquicios legales. Ahí, reconozcámoslo, no se supo -pudo- prever ni la agresividad que iban a mostrar esas novedosas startup gracias los cientos de millones de capital riesgo que les lloverían, ni el impacto que la novedad de las aplicaciones en los smartphone iba a tener en la gente.

Las idas y venidas normativas que el tema de las VTC ha tenido en España durante estos últimos años no han terminado. El tema sigue estando allí y entre las últimas novedades se encuentra un proyectado nuevo Real Decreto sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que daría respuesta a las objeciones planteadas en la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de marzo de este año por el que se anularon determinados artículos del RD 1076/2017.

Pero más allá de las normas que, sin duda, tienen que haber, lo que quedó claro desde un principio en Estados Unidos es que “la ley no es lo que está escrito, es lo que se hace cumplir”. Y eso mismo es aplicable en Europa y en cada uno de los países, incluido el nuestro, en que pese a los vaivenes normativos y judiciales, esas conocidas plataformas permanecen y se adaptan a los marcos regulatorios con la voluntad firme de ser los operadores globales de la movilidad urbana. De lo que se trata ahora es el que el taxi vaya a seguir siendo un actor principal en esa movilidad y para ello es necesario que los taxistas “aguanten” de la mejor manera posible la caída de ingresos que están sufriendo a causa del parón económico y la caída drástica del turismo.

El mantenimiento ahora de la actividad precisa de medidas adecuadas y equivalentes a las que han sido adoptadas en el caso del transporte colectivo. Sabemos que el número de viajeros de autobús y metro ha descendido respecto a fechas del año anterior pero con todo y atendiendo a la singular situación sanitaria se ha incrementado la capacidad, así como las frecuencias de paso, lo cual tiene un coste económico que está siendo asumido por ser necesario.

En el caso del taxi se han echado en falta ayudas económicas, que sí se han dado en otros países, pero también han estado ausentes decididas medidas regulatorias por parte de quien es competente para adoptarlas. Durante el estado de alarma se pudo reducir la oferta de taxi pero tras su pérdida de vigencia aquélla volvió a la “normalidad” del día 13 de marzo. Resultaba evidente que eso no iba a ser así, de tal modo que el Instituto Metropolitano del Taxi optó durante el mes de julio por establecer descansos obligatorios entre semana que pasaron por llevar a ese mes los días festivos del año -con lo cual esos días podrán ser trabajados-. Tras la calma chicha de agosto llegó la realidad de septiembre y lo que no se consideró antes de verano -adoptar medidas normativas transitorias que previesen la tormenta que se avecinaba- ha sido reconocido ahora como necesario. Así se han anunciado diferentes medidas entre las que se encuentra una modificación del Reglamento Metropolitano de Taxi que permita adecuar la oferta a la demanda. La tramitación administrativa va a requerir su tiempo, con lo que mientras ha tenido que ser el propio sector el que con un alto sentido de responsabilidad se haya “autorregulado”, tratando de mantener la viabilidad del taxi del AMB y a la vez garantizar una correcta prestación del servicio a la ciudadanía.

Para el taxi es esencial poder mantener esa viabilidad en estos momentos pero no es menos importante tomar en cuenta cuál va ser su papel en los nuevos modelos de una movilidad urbana fundamentada en un transporte sostenible, inclusivo y resiliente. En este sentido la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte debiera tener presente también al taxi.

La descarbonización del sector puede ser, por ejemplo, un elemento catalizador que muestre a Barcelona como pionera y ello gracias a la importante presencia que tiene en su área la industria del automóvil y componentes. La difusión de los servicios de la sociedad de la información -bien presentes en Barcelona- también debe posibilitar que el taxi cuente con una plataforma digital radicada en la ciudad y que a la vez le permita estar presente en las plataformas de transporte combinado. La micromovilidad es ciertamente una realidad innovadora pero no puede alcanzar a toda la población y, por tanto, el taxi constituye un elemento imprescindible para la movilidad de muchas personas.

Todos esos retos son alcanzables pero para ello son necesarias reglamentaciones sectoriales claras y también innovadoras que van desde una nueva ley a nuevas reglamentaciones locales que clarifiquen el papel que tiene que jugar el taxi en el transporte urbano del siglo XXI. En estos momento muchas voces se alzan para dejar a un lado el desánimo generalizado y exigir cambios que pueden ser oportunidades para Barcelona y su área metropolitana. El taxi, lejos de mantener una posición meramente defensiva, debe también reclamar esos cambios y garantizarse así un futuro sostenible.

Marc Tarrés

Profesor de Derecho Administrativo

Universitat de Barcelona

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA DEL STAC ‘TAXI LIBRE’ NÚMERO 204 (OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020)

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