La Junta de Andalucía endurece la normativa para acabar con los taxis ilegales
Con la aprobación de este decreto ley, que modifica la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, la Administración andaluza endurece el control contra esta práctica. Además de permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la sanción, la modificación contempla que el conductor multado deberá pagar los gastos originados por el depósito del vehículo y garantizar a sus usuarios una alternativa para llegar a su destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la Administración, pero también deberán ser sufragados por el conductor. “Es una de las grandes reivindicaciones del sector y confiamos en que pueda servir para corregir esta situación”, apunta Ruano.
Según la nota emitida tras el Consejo de Gobierno, “los servicios de inspección del transporte o las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia deberán retener la documentación del vehículo, formular la denuncia y entregarla en el acto a la persona denunciada por servicio de transporte ilegal. De acuerdo con la normativa vigente, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros”.
Tanto la consejería como los empresarios destacan la dificultad para ponerle números a esta práctica ilegal. “Andalucía es el punto del país con más intrusismo en el sector, sobre todo en la época estival o en zonas como la Costa del Sol. Pero es muy complicado dar una cifra”, explica el presidente de los taxistas. “El 90% de los servicios ilegales de transporte se prestan sin salir de los términos municipales”, apuntan desde Fomento.