STAC muestra su perplejidad ante la nueva anulación de más de medio millón de euros en sanciones a Cabify.
El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) expresa su perplejidad y profundo malestar ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que deja sin efecto 547.520 euros en sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a Cabify y varias empresas vinculadas a su actividad, al haberse superado los plazos legales de tramitación.
Y no es la primera vez.
En 2023, el TSJC ya declaró la caducidad de otro procedimiento contra Cabify, por 187.515 euros, decisión que la Generalitat recurrió y que el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2026.
Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Quizás tengamos que revisar esa afirmación.
La indignación del sector es todavía mayor porque este verano los taxistas de Barcelona hemos visto miles de VTC, procedentes tanto de Catalunya como de otras comunidades, trabajando en la ciudad sin autorización urbana.
Mientras tanto, el taxi, que presta un servicio público regulado y sometido diariamente a controles y obligaciones, contempla cómo expedientes sancionadores de cientos de miles de euros terminan sin efecto por errores en la propia tramitación administrativa.
Desde el STAC respetamos las decisiones judiciales, pero tenemos derecho a preguntarnos:
¿Qué está pasando?
¿Realmente se está haciendo todo lo posible para controlar la actividad de las VTC en Barcelona o es que, en realidad, esto es lo que se pretende?
Porque si es incapacidad administrativa, hay que corregirla.
Y si es una decisión política, el sector del taxi tiene derecho a saberlo.
STAC — Sindicat del Taxi de Catalunya
