Un nuevo informe de la UE tumba a España por sus trabas al taxi, Uber y Blablacar

VTCs: “una regulación absurda”

El informe, encargado por Bruselas a la consultora italiana Grimaldi Studio Legale, tiene como objetivo completar y actualizar la información de la que dispone la Comisión sobre el sector del transporte urbano y su futura regulación a nivel europeo. De momento cada país de la Unión está aplicando sus propias leyes y Bruselas solo se pronuncia en casos concretos, como el que se dirime ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el cual la Comisión ya avanzó que considera a Uber en España “no solo un servicio de la sociedad de la información”. Es decir, presta también en parte un servicio de transporte.

“El alquiler de coches con conductor está regulado a nivel nacional aunque son las autoridades regionales las que aseguran su cumplimiento”. Con esta frase el informe introduce la interminable lista de requisitos técnicos, cuantitativos, laborales, organizativos y de derechos de pasajeros con los que tienen que cumplir las compañías de licencias VTC como Uber o Cabify. “Es una regulación absurda. Bruselas critica que se ponga todo tipo de trabas y requerimientos a las empresas: el número de vehículos que pueden tener, de qué tipo pueden ser, la marca, el modelo, la cilindrada… No tiene sentido, sobre todo cuando varían por Comunidad Autónoma y hasta ciudad. Es un cúmulo de restricciones para proteger y favorecer a ciertos grupos”, explican a Teknautas fuentes jurídicas conocedoras del informe.

Un ejemplo: “los vehículos VTC no pueden tener más de 9 plazas (incluida la del conductor), necesitan un motor de más de 12 caballos fiscales, una longitud exterior mínima o superior a 6,6 metros, no más de 10 años de antigüedad y no pueden ser identificados externamente de forma que se confundan con un taxi”. Y otro: “Los gobiernos regionales pueden imponer especificaciones adicionales a los vehículos a usar, como es el caso de las Islas Canarias, que también pide que los vehículos sean modelos de lujo con una prueba de factura de al menos entre 50.000 y 62.000 euros de coste. […] En algunas ciudades como Barcelona, los requerimientos locales son tan exigentes que no se emite ninguna licencia VTC, lo que hace imposible empezar una actividad rentable”.

Los taxis son muy caros debido a las elevadas tarifas impuestas por la administración, lo que se traduce en una baja ocupación de los vehículos

“Hay muy pocos países en Europa, solo Italia y, en menor medida, Grecia, que tengan semejante nivel de regulación y trabas. En lugar de ordenar el sector, crean un efecto contrario: restringirlo”, explican especialistas legales.

El taxi: precios protegidos

Los técnicos contratados por Bruselas para la elaboración del informe dedican también varias páginas a detallar todas las regulaciones a las que está sometido el sector del taxi tradicional en Madrid y Barcelona. Y apuntan indirectamente a una conclusión: la fragmentación legal por Comunidad Autónoma y ciudad frena el desarrollo de esta actividad y, de paso, de las nuevas alternativas.

“Los taxis son muy caros debido a las elevadas tarifas impuestas por la administración, lo que se traduce en una baja ocupación de los vehículos (los taxis van vacíos en más del 60% de las ocasiones). De hecho, menos del 30% de los ciudadanos españoles puede permitirse usar un taxi más de una vez al mes”, señala el documento. A la regulación de precios hay que añadir todos los procedimientos (y coste) para obtener una licencia, los requerimientos técnicos de los vehículos, organizacionales en la prestación del servicio, laborales… etc. Nada se escapa a la prohibición o visto bueno de la administración.

El limbo legal de Blablacar

Frente a la hiperregulación de los servicios VTC y del taxi tradicional, contrasta el limbo legal en el que se mueven los servicios para compartir coche como Blablacar, Avancar, ClickCar, Ibilek o Respiro. Cuando el servicio de ‘carsharing’ es equivalente al alquiler de coches sin conductor, entonces las empresas se rigen por las leyes de transporte (la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres o LOTT). Pero en el caso de las plataformas para compartir viajes y coche entre particulares, llega el problema.

“No hay una sola serie de reglas aplicables a las plataformas ‘online’ en España. Todo lo contrario, hay una miríada de reglas desde otras perspectivas (protección de datos, comercio electrónico etc)”. Traducido: las grandes plataformas como Blablacar viven en un limbo legal a caballo entre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la LOTT. Este es precisamente uno de los puntos clave que el magistrado titular del Juzgado Mercantil Nº 2 de Madrid tendrá que decidir en su próxima sentencia, en la que se establecerá si Blablacar puede continuar operando o no en España como hasta ahora.

Llegados a este punto, ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna alternativa? El informe recuerda lo que exigió ya la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMC, el pasado marzo de este año: eliminar las tarifas reguladas del taxi, limitar el poder de las asociaciones de taxistas, reducir las barreras de entrada tanto en el sector tradicional del taxi como en el de las VTC y eliminar horarios preestablecidos y obligatorios. Es decir: libre competencia. Justo lo que la Unión Europea vuelve a recordarnos a través de este nuevo informe que no existe en España.