Un taxista irá a juicio por un fraude de 600.000 euros en la gestión de licencias en Las Palmas
LAS PALMAS. DIARIO LA PROVINCIA. M. REYES.- La Audiencia de Las Palmas ha validado la primera gran investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria contra el fraude fiscal en la gestión de las licencias de taxis. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, a petición del abogado del flotero imputado, archivó las actuaciones en noviembre de 2011 al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales del patrón inculpado, pero la Sección Primera ha ordenado al juez que reabra el proceso penal tras conceder la razón a la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas en el recurso de apelación presentado.
Eso, en la práctica, legitima las entradas y registros efectuados en los locales del taxista investigado por los funcionarios de la Agencia Tributaria, así como del resto de pruebas practicadas por los policías municipales. Fruto de esas pesquisas, que las inició en 2008 el Ayuntamiento tras una denuncia de la Asociación de Asalariados, la fiscal Eva Ríos se querelló contra el taxista por un delito contra la hacienda tributaria. Los datos recabados apuntan a que gestionaba 40 licencias de manera irregular, un entramado por el que habría dejado de declarar ganancias por más de 600.000 euros en los tres años investigados.
El magistrado anuló todas esas pruebas derivadas de las entradas y registros porque no fueron autorizadas por el juzgado de instrucción. Entendía su titular que la Agencia Tributaria era “sabedora” de la existencia de un delito, por lo que debió solicitar desde el principio la autorización de un magistrado de la jurisdicción penal para realizar esas inspecciones. De ahí que anulara dichas diligencias y decretara el sobreseimiento provisional de la causa al quedarse sin material incriminatorio.
Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Económicos recurrió en apelación el archivo al estimar que la Agencia Tributaria desconocía en ese momento si se trataba de un delito o de una infracción administrativa, pues el fraude fiscal tiene que superar los 120.000 euros para ser considerado un comportamiento delictivo. Por debajo de esa cantidad se castiga con una sanción administrativa.
Además, la coordinadora de Delitos Económicos, Eva Ríos, rechazó en su escrito de impugnación que se conculcasen los derechos fundamentales del taxista, principalmente porque éste consintió las entradas y registros en sus negocios, al tiempo que fueron autorizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6. De hecho, la Agencia Tributaria se dirigió a ese órgano jurisdiccional y no a uno penal porque no sabía que el supuesto fraude iba a superar los 120.000 euros, ya que se llega a esa conclusión tras analizar la documentación recabada.
Y eso es lo que ahora ha decidido la Audiencia de Las Palmas, cuya Sección Primera “no aprecia que se haya producido una ostensible e indudable vulneración de derechos fundamentales”, explica el ponente del auto judicial, Ignacio Marrero Francés.
El magistrado añade que le corresponderá pronunciarse al tribunal sentenciador sobre la vulneración alegada por la defensa, pues, en este momento procesal, existen indicios suficientes para llevar a juicio al imputado porque los registros efectuados por los funcionarios de la Agencia Tributaria son “legítimos”. Ese organismo se sumó al recurso de la fiscalía a través del abogado del Estado.
Pero esa no es la única investigación abierta contra el fraude en el sector del taxi. El Juzgado de Instrucción número 8 también ha imputado a otros cuatro floteros tras una ofensiva lanzada por Hacienda el pasado mes de julio.
