MADRID. LUCAS G ALCALDE.  LIDIA VEGA. BUSSINES INSIDER.- El decreto Ábalos —una medida impulsada por el entonces ministro socialista de Fomento, Jose Luis Ábalos para regular el sector del taxi— termina, y finalmente taxistas y VTC tendrán que convivir.

Sin embargo, no lo harán de la misma manera según la ciudad en la que estén operando. En Madrid no cambiará absolutamente nada debido a la ley impulsada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Barcelona, en el polo opuesto, ha sido mucho más restrictiva.

La guerra entre taxis y VTC sigue abierta, aunque la regulación finalmente haya desembarcado. Así queda el tablero regulatorio por comunidad, y esto es lo que puede pasar en el sector en los próximos meses.

Barcelona va a seguir siendo un campo de batalla. El 30 de septiembre acabó el plazo para que las empresas presentaran sus solicitudes y seguir prestando servicio en el área urbana de la ciudad.

Según publica La Vanguardia, los propietarios de las licencias VTC en Barcelona ya preparan sus demandas contra el decreto de la Generalitat ante los tribunales, que pueden suponer indemnizaciones multimillonarias.

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Además, se avecina un aluvión de multas en la ciudad condal para aquellas empresas que cometan alguna infracción o no cumplan con la regulación vigente. Si una VTC recoge a una persona por la calle sin contratación previa, se inmovilizará el vehículo y la sanción económica será de hasta 4.000 euros.

Las multas podrán alcanzar los 6.000 euros en el caso de trabajar sin autorización, y de hasta 2.000 euros si no se respetan el tiempo previo de 15 minutos.

Estas organizaciones han promovido un recurso de inconstitucionalidad al considerar que esta ley invade competencias municipales y discrimina al sector del taxi. Sobre plano, deberían ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tuvieran las competencias exclusivas para dar licencias urbanas. Sin embargo, Ayuso ha hecho de su capa un sayo y ha regulado el servicio de este vehículo en todos los municipios, invadiendo las competencias municipales.

Unidas Podemos y otros 55 diputados del Congreso de otros 6 partidos —ERC, Junts, Bildu, Más País, la CUP y Compromís— se han sumado a esta denuncia. “Necesitamos proteger nuestros servicios públicos con tarifa regulada como es el taxi frente a las multinacionales, como Uber, que vienen a controlar el transporte urbano con estrategias de monopolio“, afirma Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos en el Congreso.

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En referencia a la posibilidad de trabajar 24 horas, Julio Sanz explica que “además de ser una medida que no ha sido solicitada ni avalada por la mayoría del sector, al que ni se ha consultado ni informado sobre ello, supone un peligro para el estado de los vehículos y la calidad del servicio, pues en 24 horas podrían trabajar hasta 3 conductores, tanto en los taxis como en las VTC que tengan trabajadores asalariados contratados, algo que dudamos que las grandes empresas de VTC vayan a estar comprometidos con cumplir”.

La resolución de Luxemburgo se espera que llegue en un período de 2 años, a contar desde mayo de 2022, y en juego hay decenas de miles de licencias de VTC. Solo Cabify tendría reclamadas en Madrid casi 26.000, a la espera de que Europa tumbe dicha medida, publicó primero La Información.

Este número de licencias supone 3 veces más de las que actualmente hay activas.

Hay que destacar que la doctrina del TJUE tiene una tendencia de criterios favorables a la liberalización en lo que se refiere al derecho de libertad de establecimiento. Algo a lo que desde las plataformas de movilidad en España se aferran con esperanza.