Marcha del taxi en Madrid: «A punto de cumplir 65 años jamás imaginé tener que pedir un préstamo»

Tras la concentración de cientos de taxistas, el Ayuntamiento de Madrid ha recordado que solo puede reducir la oferta del sector con el amparo jurídico del Gobierno de Pedro Sánchez

MADRID. ABC. CRIS DE QUIROGA.- Los ojos de Manuel Linde se reflejan en el retrovisor de su taxi, son azules, expresivos, mientras cuenta por qué ha acudido a la marcha. Linde es uno de los más de 10.000 taxistas convocados este miércoles a recorrer los alrededores del Ayuntamiento de Madrid al volante. «Me quedan dos años para los 65 y jamás me habría imaginado que tendría que pedir un préstamo. Estoy cayendo mes a mes, 1.000 y pico euros», resume, a la altura de la plaza de Cibeles, donde la sede del Gobierno municipal era testigo de la concentración. «Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid nos tienen en cuenta para nada».

Los taxis han invadido varios carriles de los paseos del Prado y Recoletos, en un recorrido en bucle que ha comenzado a las 11 horas y que pasaba por Cibeles, Colón y la plaza de la Independencia. La imagen recuerda a los centenares de indignados que asediaron la misma arteria madrileña en enero de 2019. Esa vez, no obstante, era más estática, más agresiva: clamaron durante 16 días de huelga -su paro más largo- en contra de las VTC. Este miércoles, la protesta ha nacido de la necesidad que ha traído el patógeno, enemigo común del que no se ha librado ningún sector económico.

«Es un acto de llamada de atención a las administraciones», explica a ABC Ángel Julio Mejía, presidente de la Asociación Gremial del Taxi, uno de los grupos convocantes, junto con la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y Élite Taxi. El Covid y su parálisis ha afectado al sector con creces. «Ahora no cubrimos ni gastos. Hemos solicitado al Ayuntamiento abaratar los costes de explotación, trabajar un día la mitad de la flota, las licencias impares, y el otro las pares. Ahora hay más oferta que demanda», detalla Mejía.

Linde, que hace 37 años que conduce su taxi, tiene la soga al cuello. «Si paso de los 70 euros al día, contento me voy», asegura. Por eso ha pedido un préstamo ICO de 10.000 euros, después de intentar aguantar unos meses con los miles de euros que podían prestarle sus familiares. Aún así, junto a su mujer y sus dos hijos, se considera afortunado: «Algunos han caído». «Estamos engrosando las filas del hambre, tengo muchos compañeros que están yendo a comedores sociales», coincide, por teléfono, Mejía.

Reducir la oferta un 50%

La marcha ha culminado con la entrega de varios informes al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida para demostrar la precaria situación del sector. Entre otras demandas, exigen ayudas económicas «que no llegan», ampliar las paradas de taxi -actualmente hay 3.000 plazas de este tipo en la capital- para evitar que los vehículos aguarden en doble fila y sean sancionados y una campaña de publicidad institucional de apoyo. Pero la petición por excelencia es reducir a la mitad la flota diaria, como ya ocurrió durante el confinamiento.

Tras la concentración, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, se ha reunido con varios representantes del sector para explicarles, una vez más, que el equipo municipal no puede limitar la oferta de manera inmediata porque precisa de un soporte jurídico. «Durante el mes de marzo pudimos reducir la oferta y que solo trabajara la mitad de los taxis porque teníamos un instrumento jurídico, que era el decreto del estado de alarma del 14 de marzo, que habilitaba a los ayuntamientos para que pudiéramos restringir esa oferta. Cuando en junio acabó el estado de alarma se recuperó la oferta habitual. El PSOE ha tenido la oportunidad con el nuevo estado de alarma de permitir a las corporaciones locales poder reducir la oferta del taxi y no lo ha hecho, por tanto, no podemos hacerlo», ha desgranado el concejal.

Si bien a corto plazo el Ayuntamiento no puede regular al taxi, Carabante ha recordado que la nueva ordenanza, que se pondrá en marcha el próximo año , flexibilizará el sector, que podrá disminuir su oferta en situaciones excepcionales, como la del Covid-19. «En la modificación de la ordenanza que estamos tramitando hemos introducido la posibilidad de hacerlo de cara al futuro. Pero a corto plazo, sin el instrumento jurídico del decreto del Gobierno central, no es posible», ha precisado.