Las administraciones públicas adeudaban más de 15.000 millones de euros a los autónomos hasta octubre

* Catalunya, Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid concentran el 56,1% del total de la deuda de la Administración con los autónomos
MADRID.- La deuda de las administraciones públicas con los trabajadores autónomos a 1 de noviembre de 2011 alcanzó los 15.229 millones de euros, un “nuevo récord histórico” al incrementarse un 1,6% más (246 millones de euros más) con respecto a los 14.983 millones adeudados en agosto, según los datos publicados por distintas organizaciones estatales de autónomos.
En el tercer trimestre de 2011, solo seis comunidades autónomas redujeron su deuda con los autónomos. Cantabria fue la autonomía que lideró este descenso, con una rebaja de la deuda del 6,7%, alrededor de 13 millones de euros menos. Le siguieron La Rioja, con un descenso de la deuda del 5,1% (73 millones de euros menos), la Comunidad de Madrid, con una reducción de aproximadamente 71 millones de euros (-4,2%), Extremadura, con un descenso del 3,1% (16 millones de euros menos), País Vasco, con una deuda de nueve millones de euros menos (-1,3%), y Navarra, que pasó de adeudar 160 a 159 millones de euros, un millón de euros menos, lo que se traduce en un descenso del -0,6%.
Catalunya, con 2.708 millones de euros, Andalucía, con 2.489 millones de euros, Comunidad Valenciana, con 1.729 millones de euros y la Comunidad de Madrid, con 1.6015 millones de euros, son las comunidades con mayor deuda con los autónomos. Estas cuatro autonomías concentran el 56,1% del total de la deuda de la Administración con los autónomos.
Desde las organizaciones de autónomos se denuncia que, a día de hoy, el 90% de las administraciones incumplen la Ley de Morosidad, ya que únicamente el 11,8% de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas. La Federación de Trabajadores recuerda que tras la entrada en vigor de la Ley de Morosidad se establecieron unos plazos máximos de pago para el sector privado y la Administración que se acortan de forma progresiva hasta cerrarse el 1 de enero de 2013 en un plazo máximo de pago de 60 días para el sector privado y de 30 para el público. En 2011, este plazo es de 85 días para el sector privado y 50 para la Administración Pública.