AFRICA SEMPRUN.- El número de licencias VTC (Vehículo de Turismo con Conductor), como las que operan con Uber yCabify, se triplicará en los próximos meses, agravando la guerra abierta por el sector del taxi para poner freno a la proliferación de este tipo de servicio en la principales capitales españolas.

Según han informado los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza y Barcelona, está previsto que se entreguen hasta 10.000 nuevas licencias VTC a través de sentencias judiciales, elevando el parque de este tipo de vehículos a los casi 16.000. Actualmente operan 5.928 coches de alquiler con conductor, de los cuales 3.740 obtuvieron la licencia por la vía judicial, debido a una serie de recursos interpuestos entre 2009 y 2013, cuando estaba en vigor la ley Ómnibus, que liberalizó el sector del transporte por carretera eliminando la limitación de un permiso VTC por cada 30 de taxi, vigente desde 1987. | Cabify y Uber pagan más impuestos que el taxi.

En los últimos tres años, el número de vehículos que también operan a través de las plataformas de Uber y Cabify ha crecido un 105%, de manera que en 2017 hay 2.900 coches de alquiler con conductor más que en 2014, cuando la compañía norteamericana desembarcó en nuestro país. Este incremento de licencias, que sólo acaba de empezar, ha llevado a que el ratio se sitúe en una VTC por cada once taxi, proporción que se reduce a 1/7 en Madrid, la comunidad autónoma donde se concentran el 37,5% de todas las licencias de alquiler de vehículo con conductor que operan en España. La segunda región con más coches de este tipo es Barcelona, con 853 y un ratio real de 1/15 (ver gráfico).

Más implicación del Ejecutivo

“Hay que frenar el número de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), que se han concedido de manera indiscriminada en los últimos años”, denunció la Federación del Taxi. “El Gobierno nos engaña. Ha llegado la hora de luchar contra la invasión de nuestro mercado, de nuestra parcela de trabajo. No vamos a parar”, ha asegurado en más de una ocasión Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FTPM). Y es que el gremio se prepara para llevar a cabo un paro indefinido en julio si el Gobierno no pone medidas concretas sobre la mesa, que restablezcan el ratio de 1/30.

A finales de mayo, los taxistas pararon hasta 12 horas para protestar por la proliferación de Uber y Cabify y prevén volver a la huelga. “Fomento debe proponernos fórmulas concretas para que se eliminen todas las VTC que se han dado y que desvirtúan el ratio 1/30 fijado por la ley”, dijo a este diario Sanz. Así, según el presidente de la Federación, el ministerio que dirige Íñigo de la Serna debe encontrar la manera de eliminar unas 3.740 licencias VTC. Algo improbable, por no decir imposible.

Y es que, a pesar de que la reforma aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy recuperó la proporción del 1/30 que contingenta el acceso al sector, no puede echar el freno al aluvión de licencias que se esperan ni eliminar las que ya se han entregado para recupera el ratio. “Las licencias VTC que se otorgan por vía judicial no pueden revocarse desde el Gobierno ni por ninguna Administración. Las sentencias judiciales tienen que acatarse”, explican fuentes del Ministerio de Fomento a esta publicación.

Pese a las reclamaciones del sector del taxi, el Gobierno se ha limitado, de momento, a instar a las CCAA y a los ayuntamientos a que “refuercen las inspecciones para que se cumpla la ley”. Es decir, que la policía municipal vigile con más intensidad si los coches que trabajan con Uber y Cabify captan clientes directamente en la calle. Desde 2013 está prohibido que este tipo de vehículos oferten servicios de transporte, ya que sólo pueden transportar pasajeros con una contratación previa que, gracias a las nuevas plataformas, se hace por Internet de forma rápida. En lo que va de año, en Madrid se han controlado 5.000 vehículos, de los que 1.000 han sido sancionados.

Puertas al campo

Este tipo de multas o expedientes tampoco sirven para poner coto a la creciente competencia al taxi, ya que cometer infracciones no supone perder la licencia ni el Ejecutivo se está planteando elevar las sanciones que “ya son las más altas de la UE”, dice Fomento. “Si se detecta que el propietario de una licencia VTC capta clientela en la calle o comete otra infracción se le sanciona, no se le retira la licencia”, aseguran fuentes del Ministerio.

Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Zaragoza han pedido a Fomento que habilite mecanismos para ejercer el derecho de tanteo sobre las licencias VTC que se emiten vía judicial y así sacarlas de circulación. Fomento no tardó en responder a esta propuesta asegurando que las competencias de gestión y de inspección de estas licencias están en manos de las administraciones locales y regionales, por lo que no puede tomar ese tipo de medidas.

Por otra parte, el Ministerio ha abierto la puerta a limitar la compra-venta de licencias VTC, que actualmente cotiza en el mercado entre los 23.000 y 35.000 euros frente a los 34 euros que cobra la Administración por ellas. Este tipo de medidas no sólo podrían declararse ilegales en los tribunales, ya que van en contra de las leyes de libre competencia y acceso al mercado de la UE (supondría limitar más un sector ya contingentado), y no podría ser retroactiva, por lo que no afectaría, en ningún caso, a las licencias ya otorgadas. Además, pueden poner en peligro el negocio de compra-venta de las licencias de taxi, que actualmente se venden por unos 120.000 euros.

También se podría elevar el número de licencias de taxi para recuperar la proporción 1/30, pero es un extremo que no se trabaja en Fomento y que tampoco está en la hoja de ruta de los taxistas, que aseguran que no hay mercado y denuncian que la saturación pone en peligro el sector.

Los recursos presentados entre 2009 y 2013 contra el rechazo de las CCAA a dar licencias VTC no son el único problema al que se enfrenta el sector. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha llevado la ley de 2015 ante el Supremo, para que se elimine la limitación de la concesión de permisos ya que, según denuncian, ponen coto a la libre competencia y priman un servicio sobre otro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que tanto el Supremo como la UE fallarán en contra de que el transporte de pasajeros siga cerrado.