La Fiscalía investiga a Uber por un fraude a Hacienda de cinco millones de euros
La denuncia contra la empresa señala que simularon “operaciones intracomunitarias inexistentes”, a partir del pago por el desplazamiento y por el uso de la aplicación, para no tributar
EL MUNDO. GERMÁN GONZÁLEZ. 29, junio.- La Fiscalía ha abierto una investigación a la empresa Uber para determinar si cometió los delitos contra Hacienda y estafa documental en su tributación en España. Hace unas semanas, la plataforma Taxi Project 2.0 presentó una denuncia por considerar que esta empresa usó un entramado societario para no pagar impuestos. En concreto, la denuncia establecía que con cada servicio Uber cobra entre 20 y 30% al usuario por la aplicación informática y que esta cantidad “se desvía a Uber Holanda y de ahí a paraísos fiscales”, como Singapur o países caribeños por lo que “de ese porcentaje no se está tributando ni Impuesto de Sociedades ni IVA”.
Los denunciantes, representados por Vosseler Abogados, presentaron un informe de la consultora Ekona que analizó el ejercicio fiscal de 2018 de la empresa. En ese tiempo consideraron que defraudaron presuntamente 5,1 millones de euros aunque creen que la cantidad puede ser mayor ya que Uber opera en España desde 2014.
Sin embargo, la compañía defiende que “cumple con todas sus obligaciones fiscales en los más de 70 países en los que opera en todo el mundo” y recordaron que “como tantas otras empresas multinacionales, Uber tiene una sede internacional, en Holanda, desde donde operamos en toda Europa”.
La denuncia, presentada por la letrada Leire López de Vosseler Abogados, remarca que la empresa no declara como servicio de transporte sino de aplicación y transmisión de información y que son los conductores los que deben declarar los impuestos por su actividad económica equiparándose a taxistas. El informe que acompaña la denuncia, estudiado por la Fiscalía, señala que presuntamente “el entramado societario de Uber tiene por objeto la defraudación tributaria a través de la simulación de operaciones intracomunitarias inexistentes”, a partir del pago por el desplazamiento y por el uso de la aplicación, una parte que supuestamente no tributan, dentro del mismo servicio.
“Su cuenta de resultados no refleja la realidad de la actividad del grupo Uber en España, por lo que prácticamente no paga impuestos a la Hacienda española, dado que sus beneficios declarados son casi inexistentes” indica el informe además de señalar que en 2017 “la filial española declaró beneficios por solo 163.514 euros a pesar de que los ingresos declarados fueron de 2,9 millones de euros, abonando en concepto de Impuesto de Sociedades tan solo 53.817 euros”.
Por eso, la denuncia de la plataforma de taxistas destaca que la empresa, como persona jurídica, debe estar sujeta a pagar el “IVA por el régimen general (no por el simplificado como los taxistas, personas físicas). Por lo tanto, debería ser Uber quien recaudara y declarara el IVA por régimen general, y no directamente los taxistas por régimen simplificado, como sucede ahora”. Para determinar la presunta cantidad defraudada, el informe económico hace una simulación de los ingresos anuales de la compañía, teniendo en cuenta el precio medio de 15 euros por trayecto y 17 millones de desplazamientos al año, que ofrece una cifra de 255 millones de euros en 365 días, de los que la empresa se queda un 20%.
También señala que “el informe pericial considera que todas las sociedades relacionadas con Uber constituyen una única empresa real bajo la apariencia de un falso grupo constituido con el objetivo de defraudar la ley, en perjuicio concreto de la Hacienda Pública española” y detalla que la empresa “realiza su actividad de transporte en España, pero gracias a su imaginativo esquema no tributa en España por este concepto, dado que todos sus ingresos (20-30% de cada carrera) se disfrazan de compensación por sus servicios digitales y se envían directamente a Holanda a Uber BV”.
“Para evadir impuestos Uber separa su comisión de la factura total de la carrera pagada por el usuario. El usuario paga el servicio al conductor, y además paga un porcentaje en concepto de esta intermediación digital, que no existe como una realidad separada. La comisión de Uber se canaliza, como ya se ha explicado hacia paraísos fiscales, en concepto royalties para la retribución de una propiedad intelectual que sirve de ‘caja negra’ que le permite abusar de la ley” indica el informe presentado en la Fiscalía.
Los denunciantes también remarcan que, según el informe, “el cliente piensa, o por lo menos lo podía pensar en el inicio, que el servicio era prestado de forma solidaria, sin cobrarse una comisión” por parte de las empresas. Sin embargo, consideran que “esta comisión que está pagando se establece como un nuevo servicio respecto al servicio del conductor, cuando ya ha quedado establecido que no existe un servicio que no sea de transporte. Al cliente, se le cobra de forma engañosa la cantidad íntegra a través del sistema de pagos de Uber, sin que llegue a saber que en realidad, teóricamente está pagando dos servicios separados”.
Aseguran que el cliente “está siendo perjudicado dado que está adquiriendo un servicio por el que piensa que paga IVA”, mientras que en realidad en el esquema diseñado por Uber presuntamente lo conceptualizan como dos servicios, y uno de ellos, la comisión de la empresa, “no tributan”. Esto tampoco queda nada claro en los recibos entregados a los usuarios. Como medio para conseguir lo anterior, Uber evita emitir factura por sus servicios al usuario, que es quien paga el servicio, sino que se limita a remitir un mero recibo” indica la denuncia.
