Guerra en el taxi madrileño por las licencias de vehículos con conductor
El presidente de una de las tres asociaciones solicitó a Transportes la concesión de 5.000 autorizaciones VTC antes de la entrada en vigor de la ley estatal que las limitaba
MADRID. EL PAIS. FRAN SERRATO.- El sector del taxi lleva años en pie de guerra contra las licencias de vehículos con conductor (las denominadas VTC) porque considera que su concesión a aplicaciones como Uber o Cabify pone en riesgo el negocio. Pese a ello, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, solicitó 5.000 autorizaciones a la Comunidad antes de aprobarse una ley estatal que las limitaba. El Gobierno regional denegó su petición, pero el dirigente ha interpuesto un recurso administrativo reiterando su derecho a obtenerlas. Así lo denuncian las otras dos asociaciones de taxistas que operan en la región. Ambas conocieron la noticia el 6 de mayo tras reunirse con el consejero de Transportes, Pedro Rollán. Ignoran cuál era el objetivo de Sanz y a quiénes irían destinadas esas licencias. Le exigen una explicación pública que, de momento, no se ha producido. Tampoco ha logrado su versión de los hechos este periódico.
Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi, que con casi 7.000 profesionales es la más amplia de la región, considera que la actitud de Sanz es “repugnante”. “Representa un sector de autónomos taxistas y lo que tiene que hacer es defenderlos hasta el final, no permitir que se muera. Para eso le han votado los socios”. El dirigente afirma que ya conocían que Sanz había solicitado las licencias. “Lo que nos escandaliza es que sigan adelante (tras serles denegadas)”. Según Leal, la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado un recurso para conseguir las autorizaciones VTC. “Pensábamos que iban a renunciar a ellas. Conseguirlas reventaría al sector del taxi” cuando la intención de Sanz era “reventar el mercado” de licencias para vehículos con conductor. Eso es, al menos, lo que les dijo a las otras asociaciones y a sus socios (unos 3.000 taxistas) cuando se enteraron. “Pero el hecho ya estaba consumado”, subraya Leal.
El presidente de la gremial destaca que Sanz aseguró en una asamblea que al taxi le quedaban 10 años y que luego desaparecería. Leal piensa que la solicitud podría responder a una táctica para asegurarse el futuro de sus socios si, realmente, al sector del taxi le vienen mal dadas. En Madrid hay 15.723 licencias de taxis y apenas unas 1.500 de VTC. La ley limita a las comunidades autónomas, que solo pueden conceder una autorización por cada 30 licencias de taxi. Muchos han recurrido la norma por vía judicial y han conseguido su licencia VTC después de un proceso que, de media, se prolonga durante dos años. En noviembre se aprobaba una norma estatal que limitaba la concesión de estas autorizaciones pero, en enero, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) instaba al Gobierno a anular varios de sus artículos para liberarlizar el servicio de transportes terrestre. Los taxistas entendieron que esa decisión beneficiaba a empresas como Uber y Cabify y salieron a la calle a protestar.
“Un negocio redondo”
Edwin Silva es uno de los taxistas que se vería afectado por la concesión de nuevas licencias VTC. En los últimos días ha hablado con compañeros que pertenecen a la Federación Profesional del Taxi. Le explican que no harían uso de esas 5.000 autorizaciones. “No me creo que vayan a tener guardadas en el cajón unas licencias que tienen un valor de 25.000 euros cada una en el mercado”. Para Edwin, se trataría de un “negocio redondo” para los directivos de la asociación. En su caso, lamenta haber hipotecado su vida con la compra de una licencia de taxi, por la que en 2015 pagó 160.000 euros, coche aparte. “Si llego a saber, espero y solicito una VTC, que el año pasado rondaba los 15.000 euros. Ya tendría mi negocio pagado. Además, este año, con la vuelta de Uber, se ha incrementado su valor, se venden más caras”, explica.
Felipe Rodríguez preside la Asociación Madrileña del Taxi, la más pequeña de las tres que existen en la región, con 1.300 socios. A su colectivo no les gusta que Sanz haya pedido 5.000 autorizaciones, según el demandante para saturar el mercado. “Nos dijo que, aunque las había pedido, nunca las pondrían en funcionamiento. Pero si sigues recurriendo con tanta insistencia para que te las otorguen, la cosa genera dudas”. Rodríguez cree que el dirigente de la Federación Profesional del Taxi tendría que haberlo pensado antes de lanzarse a solicitar licencias VTC. Ahora exige unas explicaciones que no llegan. Este periódico no ha conseguido tampoco la versión de Julio Sanz. Rodríguez insiste: “Tiene que aclarar las cosas para tranquilizar al sector. No puede ser tan difícil”.
