El taxi reduce un 76 % sus ingresos y pone en peligro a 100.000 familias
Madrid, 24 ago (EFE).- El taxi ha pedido al Gobierno que apruebe con carácter urgente un paquete de medidas para la recuperación del sector, que ha visto reducida en un 76 % su facturación, poniendo en riesgo de quiebra a cerca de 100.000 familias.
Según ha subrayado Fedetaxi, la principal asociación, el sector atraviesa momentos muy difíciles ante una “drástica” caída que no logra remontar condicionada por la práctica desaparición del turismo internacional, la crisis económica, la caída de los servicios vinculados a eventos de masas, el ocio nocturno y el auge del teletrabajo.
En este contexto, Fedetaxi ha alertado de que la ruina ya está instalada en el sector y la tesorería de los autónomos está en mínimos, con ingresos que apenas cubren los costes de la actividad.
En plena pandemia, el sector del taxi ha denunciado la falta de respuesta del Ejecutivo a las medidas planteadas a comienzos de julio para asegurar la supervivencia del sector, así como el retraso en la tramitación del Anteproyecto de Ley para reformar el régimen sancionador de los vehículos con conductor (VTC), que se encuentra paralizada desde febrero de 2019.
Según los cálculos de la patronal, entre 2016 y 2019 las infracciones de los vehículos VTC se incrementaron en más de un 200 %. De no hacerse nada, ha advertido, las VTC continuarán sujetas a un régimen sancionador diseñado en el año 2003, cuando no existían las actuales plataformas digitales ni los casi 18.000 vehículos que operan bajo esta modalidad.
Por todo ello, ha reclamado al Gobierno medidas para hacer frente a esta situación y que retome la tramitación de una ley para sancionar a las VTC antes de abordar una nueva reforma con la que pretende limitar la morosidad de las empresas logísticas o cargadoras de transportes de mercancías.
También ha subrayado que en la mayoría de comunidades autónomas aún no se encuentran prestando servicio las 63.917 licencias de taxi que hay en España, y ha señalado que es necesario plantear una reconversión sectorial, con planes de amortización de licencias para reordenar la capacidad de este servicio público en función de la demanda en los nuevos escenarios de movilidad.
Todo ello, ha explicado, incluiría además un plan de abandono de la profesión de taxista y prejubilaciones con posibles retirada de licencias bajo precio público, para aquellos que deseen acogerse a dichos planes.