De la Serna logra el apoyo político para ‘blindar’ al taxi y esquivar una liberalización de las VTC en el Supremo

MADRID. VICTOR MARTÍNEZ. EL MUNDO.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asumido en persona el reto de lograr un gran pacto político en torno al taxi que permita blindar a este sector frente a la «competencia en condiciones de desigualdad» con grupos como Uber o Cabify. De la Serna ya ha mantenido contactos directos con representantes de otros partidos políticos para lograr apoyo en la convalidación del real decreto-Ley que Fomento quiere llevar de forma inminente a Consejo de Ministros con el objetivo de perpetuar el ratio 1/30, explican distintas fuentes parlamentarias a EL MUNDO.

FEDETAXI, organización en la que está integrada el STAC, ha estado durante las últimas semanas trabajando y negociando directamente con el Ministerio de Fomento para la elaboración de este decreto ley que evitará la liberalización del sector de las VTC. El STAC ha participado de forma activa en las reuniones que ha tenido FEDETAXI con el Minsiterio de Fomento.

Esta restricción establece la concesión de una licencia VTC para el alquiler de vehículos con conductor -usadas por las plataformas digitales- por cada 30 de taxi. El Gobierno busca adelantarse con esta maniobra a la sentencia del Tribunal Supremo que juzgará si el ratio 1/30 y otras restricciones aprobadas por Fomento en 2015 sobre el sector son legales. Se prevé que la resolución del Alto Tribunal se conozca en las próximas semanas tras la vista de conclusiones celebrada el pasado martes. De la Serna ha advertido a sus interlocutores de que una sentencia desfavorable del Supremo podría conllevar como consecuencia la autorización de miles de nuevas licencias VTC, propiciando el hundimiento del valor de las de taxi y arruinando al sector.

Además del límite en las licencias, el Supremo deberá pronunciarse sobre la restricción a la circulación de los vehículos VTC entre autonomías -la norma actual establece que un 80% de los recorridos debe realizarse en la región donde obtiene la licencia- y la obligación de contar con una flota mínima de 7 vehículos de gama media para obtener el título.

La estrategia de Fomento ha sido bien aceptada en un primer momento – «a falta de conocer la letra pequeña del decreto», aseguran fuentes parlamentarias- por todos los grupos políticos con amplia representación en el Congreso. PSOE, Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en apoyar la convalidación de la nueva Ley con el fin de crear un «periodo de transición ordenada» hacia un nuevo modelo de movilidad en el que convivan taxis y VTC.

El partido que dirige Pedro Sánchez se muestra partidario de apoyar el 1/30 siempre y cuando se abra luego un debate sobre la modernización del sector, tal y como ya ha intentado promover a través de una iniciativa parlamentaria. Coincide en este punto con Ciudadanos, que dará su apoyo a la convalidación con el compromiso de que Fomento reúna a la mesa sectorial del transporte para iniciar la reforma del taxi. El partido naranja apunta en sus propuestas de reforma del taxi a la flexibilización de las tarifas -permitiendo precios fijos para servicios precontratados, como los VTC- y la supresión de restricciones territoriales.

Uno de los primeros apoyos que dejó encauzado De la Serna ha sido el de Podemos, partido que incluso ha participado en sus protestas en la calle. «Nos han tendido la mano conocedores de nuestra férrea defensa de los taxistas. A la espera de conocer el texto, creemos que un acuerdo puede ser muy positivo para todo el país», explican desde esta formación.

El director general de Transporte de Fomento, Joaquín del Moral, había trasladado en distintos encuentros con el sector la voluntad del Gobierno para aprobar un real decreto-Ley que blinde la normativa del taxi. No obstante, fuentes oficiales de este departamento dijeron la pasada semana desconocer estas intenciones a preguntas de este medio.

El Gobierno tendrá que justificar a través de esta figura su «urgente y extraordinaria necesidad». De hecho, todavía quedaría margen para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que pide la liberalización del sector- interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, una de las últimas veces que el Gobierno utilizó esta vía fue para aprobar la indemnización a la plataforma de gas Castor en Castellón, que el pasado mes de diciembre fue anulada por el tribunal constitucional al no estar argumentada su «urgencia».