Seria advertencia de Málaga a los taxis de 9 plazas para que den prioridad a personas discapacitadas
El Ayuntamiento amenaza con retirarles la autorización ante las quejas por la dificultad de encontrar taxis adaptados porque estos vehículos también se dedican a trasladar a grupos de turistas
MALAGA. SUR. FRANCISCO JIMÉNEZ.- El Ayuntamiento de Málaga da un serio toque de atención a la flota de taxis adaptados para que den prioridad en sus servicios a las personas con movilidad reducida, que es el colectivo por el que se permitió la incorporación de los furgones de 9 plazas aunque también son muy utilizados por familias numerosas y, sobre todo, grupos de amigos para desplazarse en un solo coche en lugar de tener que repartirse en dos. Estos taxis desembarcaron en la capital a mediados de 2015 con el aval de que debían estar adaptados para que pueda subir un viajero en silla de ruedas. Y así lo están los 72 furgones que prestan servicio en la ciudad, aunque la realidad ha venido demostrando que no todos cumplen con este cometido porque su gran baza son los grupos, fundamentalmente de turistas.
Por tanto, los primeros beneficiarios (las personas con discapacidad) se convierten en damnificados a la hora de encontrar taxi, tal y como han venido denunciando distintos colectivos, con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible como punta de lanza. «Estos taxis de 9 plazas rara vez los vas a ver en las paradas, porque siempre están en las estaciones y en el aeropuerto en busca de turistas, mientras a nosotros nos dejan sin servicio», se queja Alfredo de Pablos, presidente de este colectivo que aglutina a 80 entidades de pacientes, personas con discapacidad e instituciones.
Los taxis deberán estar incorporados a alguna emisora y acreditar al menos 120 servicios anuales a personas con movilidad reducida
Ante esta situación, y tras varias reuniones con las áreas de Movilidad y de Accesibilidad en las que también ha participado el alcalde, Francisco de la Torre, el Consistorio ha dictado una instrucción al sector con una serie de medidas que deberán cumplir si no quieren ver revocada la autorización que les fue concedida para ampliar la licencia municipal de 5 a 9 plazas y exponerse a sanciones de hasta 2.760 euros.
Para tratar de garantizar la prestación del servicio a personas con movilidad reducida y el cumplimiento de su obligación de atenderles de modo prioritario, todos los taxis accesibles deberán estar incorporados a alguna emisora, la cual deberá estar operativa las 24 horas durante los 365 días del año y asignar «con carácter prioritario los servicios requeridos por personas con movilidad reducida a los taxis accesibles», cuyos titulares «no se podrán negar a prestarlos». De hecho, hacerlo supone una infracción grave con multa de hasta 1.380 euros.
En este sentido, la principal novedad es que estos taxis serán asignados tanto si están libres como ocupados, por lo que en este último caso deberán acudir a la llamada tras la finalización de la carrera anterior.
Libertad para trabajar todos los días
En la misma línea, todo titular de licencia de taxi accesible deberá acreditar anualmente los servicios que se presten a este colectivo, estableciéndose un mínimo de 120 carreras «o los que se determinen por el Área de Movilidad en función de la oferta disponible y la demanda». Además, en un intento de dar respuesta a esta demanda, estos vehículos estarán exentos de los descansos obligatorios fijados para los 1.432 taxis de la capital, por lo que podrán estar operativos todos los días.
También establece una inclinación máxima de la rampa de acceso, que según la norma estatal puede llegar a tener una pendiente del 30%. En este punto, desde Málaga Accesible lamentan que no se haya limitado al 15%, como planteaban. Además, tras tener acceso a la instrucción del Ayuntamiento también consideran «un error» fijar un mínimo de 120 servicios anuales «porque puede dar lugar a que en cuanto lleguen a esa cuota algunos vuelvan a las andadas». Por lo demás, en Málaga Accesible se dan por satisfechos con las nuevas exigencias municipales, «pero siempre que se controle su cumplimiento porque, hasta ahora, la vigilancia ha sido nula».