Los taxistas de Mallorca ponen sobre la mesa la amenaza de movilizaciones si se conceden las 3.600 licencias de VTC
El presidente de la asociación de PIMEM pide tranquilidad por la buena predisposición del Govern contra esas autorizaciones pero avisa de que no se tolerarán “negociaciones a nuestras espaldas”
La patronal mayoritaria subraya que las licencias se pueden denegar porque se han pedido para el ámbito nacional que contempla servicios entre autonomías
El sector del taxi de Mallorca está poniendo ya sobre la mesa la amenaza de movilizaciones si finalmente el Govern concede las 3.600 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares le obliga a tramitar, según se puso en evidencia durante la asamblea que asociación mayoritaria del ramo, vinculada a PIMEM, celebró el martes. La alarma que esta situación ha generado es especialmente intensa entre aquellos profesionales que se encuentran endeudados o con una jubilación próxima ante el temor a que se produzca una devaluación en el valor de sus licencias y una caída en su actividad.
El presidente de esta organización, Gabriel Moragues, ha pedido tranquilidad a sus asociados hasta ver los pasos que el Ejecutivo autonómico da para denegar la entrada de todas esas VTC, al considerar que existe buena predisposición por su parte, con el anuncio de que la citada sentencia va a ser recurrida. Sin embargo, advierte que «la situación puede cambiar si vemos que se nos ningunea o se negocia a nuestras espaldas».
Moragues no oculta que existe una «preocupación descomunal» entre los taxistas, pero recuerda que también las empresas de VTC «de toda la vida» que operan en Mallorca se han posicionado en contra de la concesión de esas 3.600 licencias en la isla (en Ibiza hay pedidas unas 6.500 más). Hay que recordar que en estos momentos hay 360 licencias activas de vehículos de alquiler con conductor en Mallorca, lo que explica el temor al enorme desequilibrio que se puede abrir en el transporte si se produce la entrada de las pedidas, de las que 600 han sido solicitadas por Moove Cars, empresa directamente vinculada a la plataforma Uber, a la que se acusa de entrar en competencia directa con la actividad del autotaxi.
Aunque entre los que las han pedido el resto no aparece nadie vinculado a Cabify o Bolt, Moragues apunta que estas empresas podrían intentar conseguir los servicios de algunas de las nuevas autorizaciones.
Frente común
La gerente de la federación balear de transportistas, Petra Mut, en la que se encuentra la asociación mallorquina de VTC, ya expresó en diciembre el total rechazo de este sector a la posibilidad de autorizar esas 3.600 licencias de Mallorca y 6.500 en Ibiza y su participación en un frente común con los taxistas para que el Govern las deniegue, al tiempo que este último también ha expresado su intención de recurrir la sentencia del TSJB y de evitar la entrada de todos esos vehículos en las islas.
En este contexto, la asamblea celebrada por Taxis-PIMEM reflejó la alarma que se ha generado, especialmente entre los colectivos de taxistas antes señalados. Hay que recordar que una licencia de taxi de Palma se cotiza actualmente en el entorno de los 260.000 euros, y para muchos profesionales del ramo está considerada como un plan de jubilación para reforzar las limitadas pensiones que perciben los autónomos. A ello hay que sumar la preocupación de los que están endeudados porque han adquirido recientemente uno de esos permisos o por cualquier otro motivo.
De ahí que una parte del sector plantee movilizaciones ante esta situación, aunque Moragues ha solicitado un periodo de espera para ver los resultados de las actuaciones que están abordando con la conselleria de Movilidad para frenar esas más de 10.000 peticiones de licencias en el conjunto del archipiélago.
Estrategia jurídica
El presidente de Taxis-PIMEM ha presentado al Govern un informe de los servicios jurídicos de esta patronal en el que se pone de relieve que las autorizaciones reclamadas se han solicitado para el ámbito nacional, que solo está previsto para aquellos servicios que se producen entre diferentes comunidades autónomas y utilizando infraestructuras estatales, algo que no sucede en un territorio insular, lo que se considera un motivo suficiente para su denegación. Además, al ser posteriores a 2018 tampoco podrían prestar servicios urbanos, es decir, los que se mueven dentro de un mismo municipio.
En este sentido, destaca que si se vuelven a pedir las mismas autorizaciones tras una próxima denegación por parte de la Conselleria, se verían sujetas a la nueva ley balear de 2024 y al reglamento que se va a aprobar este año, lo que facilitaría que el nuevo rechazo adquiriera ya un carácter definitivo.
Fuente: DiarioDe Mallorca.
