La revolución digital del taxi

SEVILLA.- Uno de los tantos errores cometidos por Zapatero fue la ley ómnibus, puesta en marcha por su Gobierno durante el periodo comprendido entre 2009-2015, que no impuso límite alguno a la concesión de nuevas licencias VTC, sin antes prever una sensata, progresiva y ordenada reforma del obsoleto sector del taxi.

Según la Comisión Europea (CE), España es uno de los estados miembros que se equivocan a la hora de poner límite a la expedición de nuevas licencias, ya sea en el sector del taxi como en el controvertido colectivo de los VTC (coches de alquiler con conductor). Bruselas entiende que esta restricción sobre el transporte perjudica al interés general, por afectar al precio y a la calidad del servicio, concluyendo que las licencias de taxi y las VTC deben expedirse, sin limitación alguna, a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.

Tanta culpa tuvo entonces Zapatero como responsable es el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien se empeña hoy en echar balones fuera. El creciente conflicto entre el taxi y el colectivo de las VTC no debe ser nada baladí para el político bienqueda -ya sea del PP, ya sea del PSOE-, más preocupado por generar rentabilidad electoral con medidas populistas -salvo Cristóbal Montoro- que de ocuparse en meter la tijera para reformar lo que no funciona.

Que Bruselas quiera que los países miembros modernicen su arcaico modo de regular el transporte público es entendible hasta cierto punto, pero si no se acomete antes una completa y profunda reforma del sector la valiente liberalización que se propone será mucho más perjudicial que la propia limitación. En el caso de España, el exceso de autorizaciones VTC, frente a las del taxi, supone una sobreoferta de tal alcance que su impacto está siendo tremendamente negativo. Ni ha servido para mejorar la calidad, ni tampoco para bajar el precio del servicio. Sí para hacer crecer como la espuma la tendencia especulativa. Las VTC se han llegado a revender por 30.000, cuando expedirlas sólo cuesta 30 euros. Un precio muy inferior al necesario para lograr la licencia de taxi: todo un agravio que favorece la competencia desleal.

Si el ministro de Fomento no lleva pronto al Congreso una ley urgente que facilite la retirada controlada de licencias VTC, hasta recuperar la ratio 1/30 -una VTC por cada 30 licencias de taxi-, las familias que dependen de las 70.223 licencias de taxi, que actualmente hay concedidas verán cómo su economía se resiente aún más de lo que ya lo está.

Soy firme defensor de fomentar la competitividad, pero, sin reforma previa, la liberalización del numerus clausus de licencias sólo servirá para hiperatomizar el pastel y repartir entre muchas más bocas porciones mucho más pequeñas. Casi con toda seguridad, tomar esta medida significará la ruina de los autónomos del taxi, después de haberse endeudado hasta las cejas para obtener la licencia.

Para bien o para mal, el mercado está regulado por la Administración pública, tanto para el ajuste de precios como para el cumplimiento de ciertos estándares de calidad. Y cuando este sistema de transporte se diseñó aún no se había producido la revolución digital del taxi que hoy nos está poniendo de patas arriba el cotidiano paradigma del transporte de pasajeros.

Según la CE, las aplicaciones (app) de los smartphones son todo ventajas para los usuarios. Representan un avance tecnológico tal que corrige a favor del pasajero la escasez de información del sistema clásico de licencias. Hasta ahora, el cliente nada conocía del proveedor del servicio, en este caso del taxista. Por tanto, se considera evidente que esta evolución digital debe ser promovida y no restringida.

Si finalmente España cediera, el Gobierno tendría que declarar nulas todas las licencias concedidas, tanto las de taxi como las VTC. Compensar al solicitante con la devolución íntegra del importe, cuyo valor debe ser el del origen de la licencia y no el del mercado secundario. Si bien sería conveniente convocar un pacto por el transporte en el que se pudiera dar cabida a todos los agentes implicados en el sector del transporte de pasajeros.

Es en el Parlamento Europeo donde los diputados españoles tienen que batirse el cobre para defender los intereses nacionales, a la vez que el Gobierno español debe ser previsor y acometer las reformas pendientes a fin de evitar un caos como el reciente de la estiba.