La CE pide información a España tras la denuncia de Uber por parar su actividad

madrid marchaBruselas. Agencia EFE.- La Comisión Europea (CE) ha solicitado a España información tras la denuncia presentada contra este país en marzo por la empresa estadounidense Uber, que se vio obligada a parar su servicio de transporte de pasajeros en territorio español.

“La Comisión ha decidido que considera nuestra queja completamente o al menos parcialmente válida y ha decidido ahora empezar un procedimiento contra España”, informó hoy a Efe el jefe de política de la compañía en Europa, Mark MacGann.

El Ejecutivo comunitario confirmó este jueves a Efe que ha “iniciado un diálogo con las autoridades españolas, como ha hecho con otros” países, según fuentes comunitarias, que apuntaron que la CE “busca algunas clarificaciones” y que el diálogo actualmente “en curso” debería durar “al menos a lo largo del resto de 2015”.

En cualquier caso, dejaron claro que “esto no constituye un procedimiento de infracción” y que el hecho de que la CE haya pedido a España aclaraciones “no prejuzga bajo ninguna circunstancia el lanzamiento de un procedimiento de infracción en el futuro”.

A finales de marzo Uber presentó una queja contra las autoridades españolas ante la CE al considerar que violaron los artículos 49 y 66 del Tratado de la UE y la directiva comunitaria de comercio electrónico con el bloqueo de la aplicación para móviles UberPOP, que pone en contacto a pasajeros y conductores particulares.

En diciembre de 2014 un juzgado de lo mercantil de Madrid ordenó el cese cautelar de las actividades de Uber y prohibió la aplicación en todo el territorio español.

Uber también presentó denuncias contra Francia y Alemania por los mismos motivos, de forma paralela a la decisión de una corte de Barcelona -que tramita una demanda la asociación Élite Taxi contra esta plataforma- de pedir aclaraciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la legislación que se debe aplicar al caso es la relacionada con los transportes o el medio digital.

MacGann explicó que tras iniciar procedimientos con anterioridad con Francia y Alemania ahora se ha hecho lo mismo con España a través del envío de un cuestionario detallado que Madrid deberá responder en diez semanas, “para el 16 de octubre” a más tardar.

“Esto lanza el procedimiento de prelitigación”, comentó.

La empresa lamentó que países como el Reino Unido o Irlanda tengan “totalmente reguladas” las actividades de Uber, mientras que España cuenta con una “legislación obsoleta” anterior a la popularización de los teléfonos móviles inteligentes, y criticó que en lugar de “modernizar el marco regulador” el país haya optado por proteger “el monopolio de los taxistas”.

“La ley debería estar a favor del consumidor”, comentó MacGann en referencia a que los europeos se enfrentan a un “mercado fragmentado” que les penaliza en función del país europeo en que hagan uso de los servicios electrónicos.

MacGann defendió que Uber es una empresa de mediación digital y no de transporte, y aseguró que su modelo de negocio busca “innovar para obtener soluciones” ante “un marco regulador tan fragmentado” no sólo a nivel de Estados, sino incluso de ciudades.

“Las barreras en muchos mercados, como en España, son excesivamente elevadas”, indicó, y aseguró que esto impide la creación de muchos nuevos puestos de trabajo.

El máximo responsable de Uber en Europa se mostró confiado en que a finales de este año o principios del siguiente la CE decida si emprende acciones legales contra España, y en que la corte comunitaria emita también su opinión sobre la cuestión prejudicial remitida por el tribunal de Barcelona.

MacGann negó que la compañía vaya a sustituir el servicio UberPOP en países como Bélgica -que también ha iniciado un procedimiento judicial contra la plataforma- en favor de UberX, otra modalidad, y aseguró que la empresa intenta innovar frente a mercados con regulaciones muy dispares.

Uber, fundada en 2009 en San Francisco con la participación del gigante tecnológico Google y presente en más de 300 ciudades de 58 países, mantiene litigios en España, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda a raíz de las protestas del sector del taxi, que denuncia que la empresa ejerce una competencia desleal al ofrecer un servicio remunerado de transporte con conductor privado sin tener licencia.

La CE prevé realizar este año un estudio sobre el sector del taxi y los servicios de transporte con conductor privado para recabar información y decidir si toma medidas a escala comunitaria.

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