Guerra abierta entre Barcelona y Uber por el intrusismo en el taxi
· El Ayuntamiento augura a la aplicación «días contados» en la ciudad.
· La multinacional se defiende y recurrirá todas las sanciones.
Barcelona. El Mundo.- El conflicto entre Uber y el Ayuntamiento de Barcelona se recrudece. Tras elaborar un protocolo para sancionar hasta con 5.000 euros a los conductores de la aplicación de transporte, el Consistorio advirtió ayer a la multinacional de que «tiene los días contados en la ciudad». Lejos de amedrentarse, la compañía ratificó su intención de seguir operando y anunció que recurrirá cuantas multas le impongan.
«No será tan rápido como a los taxistas les gustaría, pero Uber sólo tiene un final: dejar de operar en nuestro país. Lo decimos con absoluta contundencia y rotundidad, Uber no tiene cabida porque no es legal y trabajaremos para que su final sea lo más rápido posible». Así de concreto y desafiante se mostró ayer el presidente del Institut Metropolità del Taxi y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Eduard Freixedes compareció en el Consistorio a petición del PP para detallar las acciones que el gobierno de la ciudad está llevando a cabo para combatir el intrusismo en el taxi, un día después de que EL MUNDO revelase la instrucción de la Guardia Urbana que detalla cómo identificar y sancionar a los conductores de Uber con una multa base de 4.000 euros a la que se pueden acumular dos de 500 euros por el uso de un vehículo particular para prestar un servicio público o la carencia del carné requerido para el transporte de pasajeros. No siempre tienen por qué cumplirse estos dos supuestos adicionales, ya que se han detectado taxistas con permiso trabajando para Uber.
Freixedes reveló un segundo frente abierto en este caso desde la Generalitat, quien ya había anunciado el pasado mes de junio la imposición de sanciones a la multinacional de hasta 6.000 euros. El concejal de Movilidad comunicó que el Govern ha reclamado a Uber la lista de servicios que ha realizado en Barcelona desde su implantación en el mes de abril para multar a los conductores implicados. Freixedes aseguró que, en caso de negarle esa información, la Generalitat emprenderá acciones contra la multinacional, presente en 140 ciudades de 40 países.
La postura firme del gobierno de Barcelona y la Generalitat recibió ayer el respaldo de todos los grupos de la oposición municipal. El concejal del PP Óscar Ramírez aplaudió la actuación de la Guardia Urbana y llamó a «intensificar la colaboración» entre las administraciones para enterrar el intrusismo en el sector del taxi. El socialista David Escudé llamó a utilizar «todas las herramientas legales» para luchar contra Uber. «No es economía colaborativa, es economía sumergida, sin garantías ni derechos laborales», censuró Joaquim Mestres, de ICV, en sintonía con el republicano Joan Laporta, quien pidió «no confundir innovación con incumplimiento de las ordenanzas».
Pero ninguno de esos mensajes, ni el frente común conformado ayer en el Ayuntamiento parece afectar a Uber que prometió «continuar apoyando a sus conductores asociados y atendiendo a sus viajeros en Barcelona» y anunció que apelará «cualquier decisión que busque limitar» su actividad en la capital catalana. Esto es, que recurrirá las sanciones. Uber volvió a pedir una nueva regulación al Gobierno para hacerle un hueco en el mercado en lugar de optar por la «solución fácil de la prohibición».
El grupo de taxistas Élite, que ha promovido las dos huelgas celebradas en Barcelona, promete no rebajar su presión hasta que Uber deje de actuar en la ciudad.
