Esenciales para trabajar, pero no para la vacuna
La estrategia de inmunización contra la covid relega a profesionales que fueron vitales durante el confinamiento
A CORUÑA. EL PAÍS. SONIA VIZOSO.- Son quienes siguieron cuando casi todo paró. Con protecciones improvisadas, mucha angustia y poco conocimiento del peligro que les acechaba, atendieron cara a cara a miles de clientes, tocaron millones de cajas y productos y se encerraron en espacios pequeños con desconocidos. Cuidadoras domésticas de ancianos y niños, cajeras de supermercado, taxistas, camioneros, trabajadores del campo y del mar, quiosqueros o abogados de oficio fueron declarados trabajadores esenciales cuando se decretó el confinamiento. En la cola de la vacunación, sin embargo, han dejado de serlo.
Pocos lugares se prestan mejor para contar los efectos de esta pandemia que la caja de un supermercado. Estos establecimientos han sido casi los únicos que los ciudadanos podían pisar en los momentos más duros. Las cajeras han visto y sufrido nervios, miedos, enfados y euforias. Sobre sus espaldas soportan 12 meses de sobrecarga física y psicológica. Alexandra Formoso, de 42 años y de A Coruña, cajera de supermercado desde hace 15 años, lamenta el olvido al que han relegado a las profesionales de su sector ahora. “Hace un año nos aplaudían y ahora ni se acuerdan de nosotras para la vacunación. Los primeros deben ser los sanitarios, por supuesto, pero deberíamos ir un poco después. También veo bien que entre los esenciales estén los profesores, pero eso no quita que con ellos estuviésemos nosotras. Lo que pasa es que las cajeras hemos estado, estamos y estaremos en el fondo de la pirámide”.
El Ministerio de Sanidad elude explicar por qué estos trabajadores considerados fundamentales durante el confinamiento no están junto a policías, profesores, bomberos o militares entre los grupos prioritarios de vacunación que, según establece la Estrategia de Vacunación, ejercen “una función esencial para la sociedad”. Alega que no es una decisión del Gobierno, sino que es la Ponencia de Vacunas, un órgano del que forman parte también asociaciones profesionales y sociedades científicas, “la que estudia y propone los grupos a vacunar y su prioridad, teniendo en cuenta principios de vulnerabilidad, necesidad, beneficio social…”. Sus propuestas, añade el ministerio, son aprobadas por la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas. Sanidad también ha rechazado que sea la coordinadora de la Ponencia de Vacunas la que explique las razones de la exclusión de estos trabajadores porque “está completamente volcada en el proceso de vacunación”.
El riesgo de los taxistas
Sin turistas, sin ocio nocturno y con menos trabajadores fuera de sus casas, los taxistas han visto muy mermada su clientela durante la pandemia. Desde hace un año, uno de los servicios más habituales de José Galisteo es llevar al hospital a ciudadanos que tienen que hacerse pruebas. “Hemos sido considerados esenciales desde el inicio y nuestro trabajo tiene mucho riesgo porque, aunque pongas la mampara, ventiles y desinfectes, cada día entra gente desconocida a tu coche”, explica este conductor de 61 años, que trabaja de noche mientras que su hija Ana se hace cargo del turno de día.
Pese a esa labor esencial y arriesgada, los taxistas todavía no han entrado en ningún plan prioritario de vacunación. “Los médicos con los que tenemos contacto en nuestros viajes nos dicen que tendríamos que ser prioritarios, porque en cada carrera se rompe completamente la burbuja de convivencia”, esgrime Galisteo. Tiene la aplicación de Radar Covid conectada, pero cree que no sirve de mucho. “Es difícil saber si hay contagio en el trabajo, pero tenemos bastantes compañeros que lo han pasado”, cuenta.
La facturación del taxi ha bajado más de un 80%. “La noche pasada gané 34 euros en 12 horas, esto son tres carreras, y mi hija lleva 5 euros esta mañana”, apunta Galisteo. La actividad del taxi es ahora más laboriosa, por las desinfecciones después de cada servicio, y también tediosa. “No hay nadie por la calle, y puedes tirarte tres horas esperando en una parada”.
El agricultor Miguel Ángel Ramiro Martos, de 41 años, que regenta una finca familiar de 30 hectáreas de olivar en Villar de Cuevas (Jaén), critica: “Nos consideran trabajadores esenciales, y lo somos, pero la verdad es que en la práctica, nada de nada, no nos cuidan”. Cuando llegó el confinamiento, el Gobierno declaró esencial al sector agroalimentario para evitar el desabastecimiento de la población. Se reconocía así la función estratégica de un sector que ha visto cómo la covid agravaba la crisis que arrastra por la falta de rentabilidad de las explotaciones.
“Los costes de producción no paran de crecer y, sin embargo, nos siguen pagando el kilo de aceite al mismo precio que hace más de 20 años”, apunta Ramiro. Este trabajador del campo recuerda que al declararse el estado de alarma, los olivareros aparcaron sus movilizaciones y participaron con sus tractores y maquinaria agrícola en la desinfección de calles y vías públicas de pequeños pueblos que carecían de medios.
Un año después, mientras se plantean retomar las protestas, el Gobierno no ha atendido la petición que le planteó la organización agraria Asaja para que se priorice a los trabajadores del sector agroalimentario en la vacunación contra la covid. “Nuestra actividad es esencial para el funcionamiento y abastecimiento de alimentos al resto de la sociedad, por lo que sería muy interesante que los siguientes en recibir la vacuna fuésemos los agricultores y ganaderos, teniendo en cuenta el riesgo que supone el hecho de no poder confinarnos ni aislarnos cuando la situación se complica sanitariamente hablando”, argumentaron sin éxito.
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, aduce sobre la exclusión de estas profesiones entre los grupos prioritarios de inmunización que “el escenario es ahora completamente diferente” al del confinamiento. “Hay escasez de vacunas y hay que priorizar”. Los criterios para establecer el orden, señala, tienen en cuenta la vulnerabilidad de las personas, su exposición al virus y también “su papel en la vida de la comunidad”. “No es lo mismo que una unidad de policía no pueda seguir trabajando que [ocurra lo mismo con] los trabajadores de un supermercado”, esgrime García Rojas.
Hace un año José Fernández Delgado escuchó a compañeros del camión llorar desesperados por las duras condiciones en las que tuvieron que trabajar mientras casi toda España se encerraba en sus casas. Sin servicios para comer o ir al baño, sin mascarillas ni protección alguna, miles de transportistas recorrieron carreteras fantasmales para abastecer de alimentos, sobre todo, las grandes ciudades. “Si para el transporte, viene el hambre. La alimentación entra diariamente en todas las capitales grandes dentro de nuestros camiones. Ahora nos han puesto a la cola de vacunación porque a los transportistas siempre nos ponen ahí, no se nos reconoce nada”, protesta Fernández, que después de 22 años subido a un camión preside ahora la Unión Independiente de Transportistas Autónomos de Asturias para dar voz al sector.
No ser considerados prioritarios para inmunizarse contra la covid no fue lo único que recibieron los camioneros tras las sufridas jornadas laborales del confinamiento. En cuanto se inició la desescalada, se queja Fernández, se montaron estrictos controles que los condenaron a paradas “de una hora enseñando papeles”. “Estuvimos trabajando en pésimas condiciones por esenciales y después nos persiguieron como delincuentes”.
Sin vacuna ni gratificaciones
Las cajeras tampoco han recibido grandes gratificaciones por su esfuerzo en esta pandemia, denuncia Formoso. Esta delegada del sindicato CIG en Eroski-Familia Vegalsa asegura que en su empresa las empleadas a jornada completa fueron premiadas con una paga única de 160 euros (de 80, para las que están a media jornada). “No se cubren las bajas ni refuerzan las plantillas pese a la cantidad de dinero que están ganando. Estamos quemadas”, afirma.
Durante el confinamiento, las mariscadoras no quisieron ser esenciales, pero no les quedó otro remedio. Sus protestas por tener que bajar a la playa a recoger un producto “que no es de primera necesidad” y difícil de vender sin restaurantes ni depuradoras funcionando no fueron escuchadas. “Pasamos mucho miedo, porque muchas de nosotras tenemos a gente mayor en nuestras casas y temíamos contagiarlos”, explica Rita Míguez, mariscadora de 47 años en Arcade (Pontevedra), la meca gallega de las ostras.
Se autoorganizaron para intentar evitar contagios, sobre todo en las aglomeraciones de las lonjas, pero hubo mariscadoras que se rebelaron y no fueron a trabajar, unas ausencias que no les supusieron la pérdida de la licencia porque la Xunta no las tuvo en cuenta. “No me parece justo que nos excluyan de los grupos prioritarios de vacunación. No puede ser que seamos esenciales para una cosa y para la otra, no”, afirma Míguez, quien incluye en esta reivindicación a sus compañeros marineros, que siguieron saliendo a la mar apelotonados en los barcos.
A Cecilia Oroná, trabajadora doméstica uruguaya de 46 años, nadie le ha dicho nada de su vacunación. Cuida a una anciana de 93 años, que fue inmunizada recientemente, y limpia su casa. Todos los días recorre 12 kilómetros en bicicleta para desplazarse desde la habitación del piso compartido de Valencia en el que vive hasta la población en la que trabaja porque no puede “pagar el metro”. “Me contrataron sus hijos, aunque solo tengo el teléfono de la hija. Me pagan por debajo del salario mínimo y no han dicho nada de la vacuna. Voy siempre con doble mascarilla y gracias a Dios no me ha pasado nada de momento”, explica esta madre de tres hijos que están en su país de origen.
Cuidadoras desprotegidas
Oroná no tiene papeles en España —”nos obligan a estar en esta situación irregular tres años”, denuncia—, pero sí tiene asignado un número de registro de la Consejería de Sanidad (SIP) que le ha permitido ser atendida de los fuertes dolores que padece en los oídos. Aunque no tenga aún la tarjeta, ese número debería bastarle para ser llamada para la vacunación. La Generalitat valenciana anunció a principios de este mes que las personas migrantes en situación administrativa irregular serán vacunadas “junto al grupo de población al que corresponden”, dispongan o no del NIE (Número de Identidad de Extranjero) o del empadronamiento. “A ver si es verdad, aunque me toque el próximo año”, comenta Cecilia, que espera reunirse pronto con su hija de 18 años en España.
Otras trabajadoras domésticas en situación irregular, muchas internas, lo tienen más difícil porque están completamente desprotegidas y dependen de la voluntad de sus patronos. “Y muchos prefieren que incluso sus trabajadoras no se vacunen para no hacer visible su situación irregular, que no las tienen contratadas ni pagan la Seguridad Social que les tocaría”, explica Marcela Bahamón, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados.
Iván Delfino, de 48 años y vecino de Leganés (Madrid), llegó a España hace dos años desde su ciudad natal, Caracas, con la vaga esperanza de conseguir un trabajo como publicista. Como los gastos y las facturas no dan periodo de gracia para buscar empleo, Delfino asumió que la mejor opción para empezar a facturar rápidamente era hacerse repartidor para plataformas digitales. Lo dejó unos meses cuando consiguió un trabajo en hostelería que tenía más estabilidad, pero con el confinamiento se vio obligado a salir a las calles de nuevo.
“Fueron los mejores meses para ser rider, había mucho trabajo y nada de tráfico”, cuenta Delfino. No ha dejado de trabajar desde entonces y sobre la vacuna le parece “más importante” que se la pongan a su madre, “que tiene 74 años y es mucho más de riesgo”. Su mayor preocupación actualmente es lo que pueda pasar con la llamada ley rider y lo que signifique para él y otros trabajadores en su situación.
Otro colectivo profesional en el que se ha extendido el “malestar” por su exclusión de los grupos prioritarios de vacunación es el de los abogados de oficio, apunta Alicia Vega. Esta letrada de 53 años ejerce estas funciones desde 1993 y preside la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Toledo. Cuando se dictó el confinamiento, recuerda, ella y sus compañeros siguieron asistiendo a los detenidos de forma presencial, bajando a los calabozos y haciendo pasillos en los juzgados. Todo ello, añade Vega, “a pecho descubierto”, sin ninguna protección y “con respeto más que con miedo, cuando había que tocar algo o acercarse a alguien”. A su juicio, los abogados de oficio están entre los grandes olvidados de la democracia española. “¡Y eso pese a que la Constitución nos menciona tres o cuatro veces!”, advierte.
Con información de Ferran Bono, Ginés Donaire, Josep Catà y Nicholas Dale.
MAYORES, POLICÍAS, DOCENTES Y CRÓNICOS
La estrategia de vacunación que el Ministerio de Sanidad va actualizando —la última vez, el 26 de febrero— marca un orden por grupos que no es estricto. Ahora se está inmunizando a los mayores de 80, a grandes dependientes que no están en residencias y al personal sanitario que todavía no ha recibido la vacuna. Los siguientes son:
Grupo 5. Personas de 70 a 79 años (unos 4 millones) y los de 60 a 69 (5,3 millones).
Trabajadores esenciales. La estrategia detalla que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal de centros de enseñanza especial, infantil y primaria.
Enfermos. En marzo se priorizó también a los pacientes en tratamiento de quimioterapia, trasplantados, en diálisis o con síndrome de Down mayores de 40 años.
