El Gobierno ultima un decreto para frenar las VTC tras el fallo europeo

La norma, que está previsto que se apruebe antes de las elecciones, permitirá restringir la concesión de nuevas licencias por motivos de congestión de tráfico o medioambientales

Si no se modifica la legislación, el sector del taxi amenaza con protestas masivas

El ministerio estima que 7.000 permisos están pendientes de ser revisados

MADRID. EL PAIS. RAMÓN MUÑOZ.-  El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara un decreto-ley para incorporar a la legislación nacional nuevas condiciones para obtener licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) basadas en motivos medioambientales o de congestión de tráfico. De esta forma, se paliarían los efectos de la sentencia emitida la pasada semana por el Tribunal de Justicia de la UE que declaró contraria al derecho comunitario el límite estatal de un permiso administrativo de VTC por cada 30 de taxis, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación bipartita entre el Gobierno y los taxistas.

El decreto-ley, que el Gobierno aprobaría con carácter de urgencia antes de las elecciones del 23 de julio, según estas fuentes, trata de frenar la avalancha de licencias VTC, las que utilizan plataformas como Uber, Cabify o Bolt, que están atascadas en los tribunales tras ser rechazada su autorización por las distintas administraciones al aplicar el ratio 1/30, ahora declarado ilegal por el Tribunal de Luxemburgo.

Las cifras sobre el número de licencias pendientes de ser revisadas varían, según las fuentes. El Ministerio calcula unas 7.000 mientras que desde asociaciones del taxi las elevan a 20.000. A es-tas habría que sumar la nueva de manda de autorizaciones que prepararían las plataformas de VTC al amparo de la sentencia europea. Antaxi, la principal asociación de taxistas a escala nacional, ha llegado a calcular hasta 130.000. España cuenta con 18.490 licencias de VTC y 60.302 licencias de taxis, por lo que la proporción es de una a tres.

De aprobarse el decreto se daría respuesta a la principal demanda de los taxistas, que han da-do un ultimátum al actual Gobierno para que cambie la ley antes de las elecciones dejando en la práctica sin efecto el principal punto de la sentencia del TJUE. Representantes de Antaxi y Élite Taxi Barcelona se reunieron el martes, día 13, con la secretaria general de Transportes, María José Rallo, para demandarle una medida urgente que suponga una barrera de contención a las nuevas licencias. Los taxistas dieron de plazo una semana al Ministerio para que anunciara la medida en una segunda reunión que mantendrán el martes.

El Ministerio declinó hacer ningún comentario sobre esta normativa exprés a consultas de este diario. No obstante fuentes del departamento señalaron que en la reunión mantenida con las asociaciones de taxistas el martes, “el Gobierno ha trasladado su disposición para explorar [] la posibilidad de plantear una evolución normativa”.

Si no sale un compromiso firme de modificar la legislación es El ministerio estima tatal, los taxistas han amenazado al Gobierno con convocar manifestaciones y protestas masivas en todo el territorio nacional como las que tuvieron lugar en 2018. Están dispuestos a resucitar ese clima de tensión con una gran jornada de protesta el día 22.

“Me llegan señales de todas las grandes ciudades de que si el martes que viene no salimos con un acuerdo con el Ministerio de Transportes, va a haber movilizaciones en todo el Estado y serán movilizaciones masivas: en el aeropuerto, dentro de las ciudades, en estaciones y donde haga falta”, advirtió Tito Alvarez, el lider de Élite Taxi Barcelona.

La postura los taxistas se ha radicalizado desde que el 8 de junio se conoció la sentencia del TJUE. En un principio, consideraron como una victoria que el fallo europeo admitiera la posibilidad de imponer una segunda licencia de carácter autonómico o munici-pal a los VTC. Sin embargo, esa segunda licencia no serviría para detener en los tribunales las autorizaciones pendientes y además dependería del color político de las administraciones regional y municipal, según fueran más o menos favorables a sus intereses.

Blindaje

La urgencia del decreto-ley vendría dada precisamente para blindar al sector del taxi ante un posible cambio de Gobierno el 23-J. Es previsible que el PP se muestre más receptivo a las demandas del sector VTC, siguiendo el ejemplo de la legislación aprobada por la Comunidad de Madrid, que con-centra la mitad de las licencias.

“La posible evolución jurisdiccional tras dicha sentencia, agravada por la inacción del Gobierno, puede suponer la revisión de una auténtica riada de autorizaciones VTC que estarían habilita-das para realizar servicios urbanos; una situación de la que es responsable el Gobierno por el di-seño de normas pasadas y que resulta inasumible para nuestras ciudades y por supuesto para el colectivo del taxi”, indicó el presi-dente de Antaxi, Julio Sanz.

Feneval y Unauto VTC, las principales asociaciones de VTC, han denunciado que “el Gobierno español haya decidido reunirse con el sector del taxi a espaldas del sector de los VTC, sin atender la petición de un encuentro de ambas asociaciones para estudiar las consecuencias de la sentencia. Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval, indicó: “Carece de toda lógica que el MITMA no esté dispuesto a sentarse con Feneval y Unauto VTC para regular el futuro del sector VTC y sin embargo esté preparando una regulación exprés desde un Gobierno en funciones, para seguir protegiendo al sector del taxi”.