El Gobierno lleva al Parlamento la modificación del régimen sancionador de los VTC
STAC.- El Gobierno ha enviado al Parlamento la reforma del regimen sancionador del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) a través de un proyecto de ley con el objeto de reforzar el cumplimiento de las condiciones de explotación de este tipo de transporte y garantizar una competencia leal con el sector del taxi. Este texto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros en reunión ordinaria.
Este proyecto ley había sido reivindicado en sucesivas ocasiones por FEDETAXI desde que en Septiembre de 2018 se aprobó el Decreto Ávalos en el que se dotaba a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos normativa para que pudieran regular el sector de VTC en su territorio.
Con este proyecto, se realiza una revisión completa del régimen sancionador de los VTC, reforzándolo y adaptándolo a las características de su actividad para asegurar su máxima efectividad.
El proyecto de ley eleva la gravedad de determinadas infracciones, entre las que destacan:
- La realización del servicio sin previa pre-contratación.
- La prestación del servicio en un ámbito territorial distinto al que corresponda o el incumplimiento de la regla de la habitualidad, entre otras cuestiones.
- Incumplimiento de las condiciones del servicio. Horarios, calendairios.
- Incumplimiento de las caracteristica técnicas adecuadas de los vehículos.
- No respetar los horarios y los calendarios.
- No tener de forma adecuada la señalización de los vehículos
Con objeto de reforzar la efectividad del nuevo marco sancionador, se establece la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves e incluso, en último término, la posibilidad de revocar la autorización de VTC por la comisión de 5 infracciones de naturaleza muy grave en un año. En este punto FEDETAXI solicita que sean 3.
FEDETAXI que se siente padre, prácticamente de forma integra de este proyecto, ha estado reivindicando este cambio normativo desde hace más de dos años. Incluso se provocó en el mes de septiembre que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso debatiera una proposición no de ley de Unidas Podemos que llamaba al Gobierno a reformar el régimen de infracciones y sanciones de los vehículos con conductor VTC y garantizar que los cuerpos de inspección y de policía local pueden sancionar adecuadamente los incumplimientos de estos servicios.
El Gobierno modificó la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor mediante el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre (decreto Ávalos), para completar la regulación aprobada en abril de ese mismo año (Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, reconocimiento del 1/30en ley) que se había revelado insuficiente para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos de nuestro país.
Desde entonces se han llevado a cabo una serie de acciones complementarias, como los trabajos relacionados con el Registro electrónico de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor o los trabajos que se vienen realizando en el grupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pretendan aprobar las administraciones con competencia en la materia.
