El acusado del crimen de un taxista salmantino era buscado para cumplir condena en Ourense

VIGO. FARO DE VIGO. U.FOCES.- El asesinato del taxista Ángel Sánchez Anaya, que murió de un disparo en la cabeza en abril de 2010 al verse sorprendido en un ajuste de cuentas por tráfico de drogas en Salamanca que tendría como objetivo a su cliente, quien sobrevivió, ha puesto de relieve otra vez deficiencias del sistema judicial y posibles negligencias como ocurrió en el asesinato de la pequeña Mari Luz.
El joven ourensano José Manuel García Barata, procesado como autor material del homicidio, no podía estar en libertad en aquellas fechas sino cumpliendo una condena que le impuso el Juzgado de Menores de Ourense en 2007 de cuatro años en régimen cerrado y dos de libertad vigilada por formar parte de la banda –en la que figuraba otro de sus hermanos– que asaltó encapuchada y a punta de pistola el chalé de un constructor en O Cumial, donde amenazaron de muerte y encerraron en el sótano a la propietaria una vez que les entregó el dinero y las joyas que había en la casa.
Desde el pasado mes de marzo José Manuel García Barata se encuentra en libertad provisional por la muerte del taxista y sin tener que haber cumplido la condena firme impuesta cuando todavía era menor.
El Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca, con la aprobación del fiscal y la oposición de las acusaciones particulares, le dejó en libertad provisional en febrero de este año para que cumpliera los 4 años de internamiento en Ourense a la espera de que se fije la fecha del juicio por el homicidio. El auto tenía en cuenta el arraigo social y familiar del joven, la inexistencia del riesgo de fuga “y al constar la condena firme del procesado por parte de un Juzgado de Menores, debiendo procederse al cumplimiento de dicha pena”.
García Barata fue trasladado desde la prisión castellana donde se encontraba en prisión provisional a un centro de menores de la Xunta de Galicia, pero un mes después quedó en libertad. La Audiencia Provincial de Ourense daba la razón a su abogada, que había recurrido la medida al considerar que la penacomo menor había prescrito por haber transcurrido tres años sin iniciarse su cumplimiento.
Quince días le libraron. El auto de la Audiencia establece que la sentencia contra José Manuel García Barata fue dictada el 17 de octubre de 2007 y el joven fue localizado el 9 de noviembre de 2010. “La conclusión no puede ser otra que entender prescrita la medida impuesta, ya que desde aquella fecha –la de la sentencia–, ninguna actividad tendente a la ejecución de sustancial contenido fue llevada a efecto”.
José Manuel García fue detenido en noviembre de 2010 en Lalín, cuando se ocultaba entre vendedores ambulantes que intentaron facilitarle una nueva fuga. Tenía 21 años. Utilizaba un DNI manipulado a nombre de uno de sus hermanos y conducía un Audi pese a carecer de carné.