Condenados los titulares de 11 licencias de taxis por ceder ilegalmente sus trabajadores a un flotero

• El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado que 65 personas, muchas de ellas copropietarias del permiso, dejaron en manos de Oliverio Rodríguez la explotación del vehículo

Las Palmas. eldiario.es.- El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a los titulares de 11 licencias de taxis de Las Palmas de Gran Canaria a abonar 6.251 euros por cada uno de los permisos por cesión ilegal de trabajadores, en una sentencia que deriva de una demanda promovida en el año 2011 por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y enmarcada en el denominado caso de los floteros.

La causa permaneció suspendida durante varios años a la espera de  la decisión que se adoptara en el procedimiento penal que permanece abiertoy que debía dirimir la legalidad de las investigaciones y diligencias llevadas a cabo por la Policía Local y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Finalmente,se inició el juicio oral en marzo de 2014, fecha en la que comparecieron ante el juez medio centenar de personas, muchas menos de las citadas a declarar.

Según se desprende de la sentencia, el juez concluye que los dueños de las licencias mencionadas – 65 en total, al ser muchos de ellos copropietarios y en la mayoría de casos personas de edad avanzada – eran “completamente ajenos a la explotación de la empresa” que dejaban en manos de una única persona, en este caso, Oliverio Rodríguez, quien gestionaba el personal y controlaba el día a día de la explotación.

Para llevar a cabo esta actividad ilegal, ya que los propietarios están obligados a explotar directamente sus licencias y sin intermediarios, Rodríguez cuenta – y el Juzgado habla en presente – con la infraestructura necesaria: un espacio físico para el estacionamiento, entrega y recogida de vehículos, un local para la gestión diario de la empresa, además de contar con entidades en manos de sus familiares que le llevan tanto el asesoramiento laboral y las gestiones administrativas, como las reparaciones de los vehículos.

De la declaración de gran parte de los trabajadores durante el juicio oral se desprende que Rodríguez era un “amigo, alguien en quien confiar, al que acudían cada vez que existía algún problema relacionado con el taxi y a quien, en ocasiones, se entregaba la recaudación”. El juez se muestra sorprendido por las palabras de estos asalariados, que justificaban en el carácter “endogámico” del sectro el ser dados de alta en una u otra licencia.

A juicio del magistrado, tratan de enmascarar “la auténtica realidad” puesta de manifiesto por las actuaciones de la Policía Local, la Inspección de Trabajo y corroborada por dos de las titulares interrogadas, una de las cuales ya explicó en su día a Canarias Ahora la logística de los floteros en la capital grancanaria.

“De estas declaraciones y actuaciones se desprende un entramado tendente a la explotación de un conjunto de licencias municipales de taxi por una sola persona, que se constituye en el auténtico empresario y sobre el que han de recaer las responsabilidades de tal actuación”, apostilla el juez.

Investigación Policial

La Unidad Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria centró en 2009 su investigación en una gasolinera y otro espacio cercano a las oficinas de la Cooperativa de San Cristóbal, donde constataron que varios conductores entregaron a Rodríguez sobres de color marrón.

En abril de 2010 se realizó una actuación conjunta de la Policía, la Agencia Tributaria e ITSS en la que intervinieron la Cooperativa para indagar en la actividad que el entonces presunto flotero llevaba a cabo en una casetilla ubicada en la parte trasera de las instalaciones.

Es entonces cuando los agentes descubren cómo una persona estaciona en el lugar y hace entrega a Rodríguez de un sobre en el que había 52 euros, una tira impresa del taxímetro y un justificante del dinero gastado en gasolina.

Además, en una de las paredes de la casetilla encontraron una serie de documentos en los que figuraba, a modo de estadillo, las licencias vinculadas. Un poco más abajo apareció colgado un panel en donde figuraban las llaves de los taxis.

Posible revocación de licencias

El recientemente nombrado alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, ha considerado este martes que la sentencia tendrá que cumplirse.

Hidalgo afirmó que se reunirá próximamente con los taxistas de la ciudad, para consensuar con ellos una posible modificación de la ordenanza municipal que el anterior grupo de gobierno, formado por el Partido Popular (PP), aprobó “sin consenso”. Asimismo, avanzó que la posible revocación de licencias de taxis “tendrá que estar ajustada a un estudio sobre las necesidades reales que tiene Las Palmas de Gran Canaria que, seguramente, están sobredimensionadas”. Entre los posibles procedimientos a estudiar para reducir el volumen de licencias, Hidalgo se ha referido al que se está aplicando Tenerife, consistente en la compra de licencias por parte del Cabildo.