Ayuso se olvida del taxi y adjudica el traslado de médicos a la VTC Auro

El nuevo contrato estará vigente durante los próximos cinco años y la VTC se embolsará 8,5 millones

MADRID. EL ECONOMISTA. ANA SÁNCHEZ.- Nueva guerra entre taxistas y el gobierno autonómico de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso se planteó el pasado mes de febrero la posibilidad de colaborar con el sector del taxi para que el 20% de los servicios sanitarios que no requerían ambulancias los realizasen ellos. Solo unos pocos meses después, la situación ha cambiado completamente y la CAM ha decidido apartar al sector del taxi del servicio de traslado de facultativos médicos a domicilio para pasar a otorgar la concesión a la VTC Auro durante los próximos cinco años.

La operación se ha gestado con un reembolso de 8,5 millones para uno de los grupos que cuenta con más flota en la actualidad, con más de 2.300 autorizaciones. Hasta la fecha, el servicio de traslado a facultativos médicos a domicilio se realizaba a través de PideTaxi, una aplicación de solicitud de taxis a la que pertenece la Federación Profesional del Taxi (FPTM) y su propia emisora, TeleTaxi. A partir de ahora, la concesión correrá a cargo del grupo Auro.

Esta sentencia no ha sentado nada bien al sector del taxi. “Con esta decisión, Isabel Díaz Ayuso traiciona de nuevo la confianza del sector del taxi y hace un nuevo desprecio al gremio que prestó servicios de forma desinteresada durante los meses más duros de la crisis sanitaria”, afirma Julio Sanz, presidente de la FPTM.

El descontento de los taxistas con las decisiones adoptadas por la CAM es una constante de los últimos tiempos. Esta acción se une a la reciente marcha lenta llevada a cabo por la FPTM el pasado 1 de junio, en la que más de 1.500 taxis bloquearon el centro de Madrid para mostrar su disconformidad contra la nueva Ley de Transportes que permitirá a las VTC seguir circulando por la capital sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi a partir del próximo mes de octubre.

La decisión abre aún más la brecha entre los taxistas y el gobierno de la CAM, que incluso afirman que el gobierno del PP se postula a favor de unas pocas multinacionales con las que tienen intereses particulares. “Cada nueva decisión del equipo de gobierno de la CAM es un desprecio más hacia un sector del que dependen más de 15.000 familias en la región y que ha mostrado de forma reiterada su compromiso con los madrileños. El equipo de gobierno del Partido Popular desmantela un servicio público en beneficio de unas pocas multinacionales con las que tienen intereses particulares”, sentencia Sanz.