Cuatro detenidos en una operación contra los 'floteros' en LPGC
· Precintadas dos cooperativas de taxistas en Miller Bajo
GRAN CANARIAS. CANARIASAHORA.ES.- La Policía Nacional ha detenido este martes a cuatro personas por un delito contra la Hacienda Pública en una operación llevada a cabo por agentes de Aduanas de la Agencia Tributaria, según ha confirmado a CANARIAS AHORA el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), si bien fuentes policiales habían elevado en un principio la cifra de detenciones a siete. El Cuerpo Nacional de Policía señaló que el presunto fraude fiscal se encuentra relacionado con la explotación irregular de licencias de taxi por parte de los denominados floteros.
El TSJC explica que este tipo de casos se consideran delitos cuando la cifra defraudada supera los 120.000 euros, mientras que en cantidades menores la consideración es de falta, por la que podrían estar denunciadas más de una decena de personas.
Los agentes, actuando como apoyo al personal de Hacienda que lleva la investigación en un juzgado de instrucción de la capital isleña, irrumpieron este martes en las instalaciones de dos cooperativas de taxis ubicadas en la zona de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, y precintaron los edificios.
La operación de los agentes de la Agencia se produce como consecuencia de una denuncia interpuesta el pasado año ante la Fiscalía contra la actuación de los floteros, dueños de licencias que contratan a trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social, o por detentar grandes cantidades de licencias, uno de ellos, incluso con 69 permisos municipales, con unos beneficios anuales superiores a los dos millones y medio de euros.
Según ha podido saber este medio, los trabajadores que se encontraban en el interior de las sedes de las cooperativas han comenzado a salir de las mismas desde el mediodía, después de los minuciosos registros policiales, con incautación de abundante documentación y discos duros de ordenadores. Los registros también se han producido en los domicilios particulares de los detenidos.
Una serie de “delincuentes”
Varios taxistas han denunciado en diversas ocasiones la falta de regulación del sector, como ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento de la capital grancanaria a finales del pasado abril, cuando el portavoz de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlac), Expedito Suárez, acusó a la corporación municipal de ser la responsable “por acción u omisión” de la situación. Suárez advirtió de la presencia de padres de familia que se encontraban “con la soga al cuello” y aseguró haber recibido amenazas por denunciar públicamente a los que calificó como una serie de “delincuentes” que dividen al sector y “buscan sus propios intereses”.
En el mismo Pleno, Cristo García recordó los 20 años que lleva trabajando como asalariado y denunció que en la actualidad la retribución que perciben los empleados no llega al mínimo interprofesional, llegando a situarse en los 420 euros, cuando las horas trabajadas pueden llegar a superar las 16.
Algunos asalariados han llegado a describir cómo aun trabajando sin Seguridad Social, tenían la obligación de pagar 50 euros al flotero y devolver el vehículo con el taxi lleno.
