El ourensano acusado del crimen de un taxista en Salamanca alega que estaba en un club en Santiago
La Fiscalía pide que el joven sea condenado a 32 años de cárcel
Su teléfono móvil pudo ser situado en el lugar de los hechos
SALAMANCA.- La Audiencia Provincial de Salamanca inició ayer el juicio contra el joven ourensano del clan merchero de Los Barata José Manuel G.B., acusado del asesinato de un taxista en 2010. El imputado, para el que la Fiscalía solicita penas que suman 32 años de prisión, dio una versión exculpatoria: alegó que ese día no se encontraba en Salamanca, donde ocurrió el crimen, sino en un club de alterne de Santiago de Compostela. Este hombre no es el único procesado en este caso, ya que junto a él en el banquillo se sienta su suegra María Jesús G.I., quien se enfrenta a 3 años de cárcel acusada de encubrimiento ya que presuntamente en bata, pijama y zapatillas se hizo cargo del Audi TT desde el que se realizaron los disparos.
Los hechos se remontan al 28 de abril de 2010. La víctima, Ángel Sánchez Anaya, un taxista de 60 años, recibió un impacto de bala en la cabeza al verse envuelto en un tiroteo, desde otro vehículo, dirigido al cliente que transportaba y que resultó ileso. En principio, todo apunta a un ajuste de cuentas por razones personales entre dos familias mercheras, ya que la persona a la que iban dirigidos los disparos -se realizaron un total de siete- había sido novio de una menor, hermana de la mujer de José Manuel G.B.
En la jornada de ayer, en la que se reforzó la seguridad en la Audiencia de Salamanca con la presencia de más efectivos policiales, declararon los dos acusados, así como varios agentes que participaron en las indagaciones. Una de las principales pruebas de las acusaciones es un teléfono móvil del principal imputado que pudo ser situado en el lugar del crimen. Al respecto, el joven alegó que él no utiliza móviles.
La investigación de este crimen fue realizada por la Policía Nacional. El presunto asesino fue capturado siete meses después de la muerte del taxista en un mercadillo ambulante de Lalín, localidad donde se ocultaba. Además de la Fiscalía, están personados como acusación la familia de la víctima y la asociación de taxistas de Salamanca.