Madrid golpea a Cabify: rechaza las primeras 7.700 VTC pedidas y la empresa recurrirá
La Comunidad comunica que no autoriza estos permisos solicitados en 2018, antes de la entrada del ‘decreto Ábalos’ y después de que el TS le pidiera que volviera a estudiarlas. La compañía acudirá a los tribunales.
MADRID. LA INFORMACIÓN ECONNÓMICA. JESÚS MARTÍNEZ.- Un nuevo giro de guión en el mercado de las VTC en España. La Comunidad de Madrid acaba de notificar su rechazo a emitir las primeras 7.700 licencias reclamadas por Cabify en el año 2018. Transportes debía estudiar de nuevo estos expedientes después de que el Tribunal Supremo devolviera todos estos casos a la casilla de salida. La compañía opta por acudir a los tribunales. Estas no son las únicas autorizaciones que están sobre la mesa del organismo madrileño, pues hay 16.000 más aún pendientes.
En el año 2018, antes de que se llevara a cabo el llamado ‘Decreto Ábalos’ que puso fecha de caducidad a estas licencias, Cabify optó por solicitar más de 23.000 licencias en diferentes paquetes. El departamento de Transportes de Madrid decidió rechazarlas y los casos llegaron al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal insistió en que la ratio de una licencia por cada 30 de taxis no es justificación para tumbar estas solicitudes. Pero no las concedió sino que le pidió a la administración dirigida por Isabel Díaz Ayuso que lo estudiara pero basándose en la regulación de 2018.
Esta semana, según confirma Cabify en un comunicado, la Comunidad ha optado por rechazar las primeras 7.706 licencias. La empresa no comparte la decisión y asegura que recurrirá la resolución en el ámbito judicial -arrancará previsiblemente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid-. Considera que no se ha cumplido con el mandato de la sentencia del Supremo. Recuerda que “prácticamente todas las licencias otorgadas en los últimos 15 años son el resultado de sentencias judiciales que revocan decisiones de administraciones que rechazan la concesión”.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno central aprobó hace ahora justo un año un decreto ley que modificaba la ley de transportes, imponiendo criterios medioambientales para no otorgar las licencias reclamadas en los últimos años, muchas de ellas judicializadas. Era la forma de protegerse después de que el TJUE confirmara que la ratio 1-30 no era legal pero permitiera exigir un título ‘extra’ autonómico.
Consecuencias para Cabify
Este es un jarro de agua fría para la compañía dirigida por Juan de Antonio, que incluso había iniciado contactos con operadores pequeños y medianos para vender estos permisos y que los operaran a través de su propia plataforma. La compañía está aún a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el acuerdo de exclusividad con el grupo Auro -con más de 2.000 licencias en su haber-, que optó por romper su relación y empezar a trabajar con Uber.
Los recursos que interpondrá Cabify llevará a que la maraña judicial del sector de la VTC se mantenga, ocho años después de que arrancara un primer aluvión de licencias concedidas formalmente por sentencia firme del Tribunal Supremo. Queda por ver qué sucede con las solicitudes que se han presentado en Barcelona -y que suman en torno a 2.000 procedentes de otros grupos y particulares-, pues estos procedimientos aún no se han sustanciado. De todas formas, fuentes del mercado dan por hecho que también serán rechazadas.
El mercado de la VTC
¿Cuál es la situación de mercado de las principales comunidades autónomas para el mercado de la VTC? Según los datos del Ministerio de Transportes, a cierre de 1 de julio, en la Comunidad de Madrid había un total de 8.869 licencias de este tipo frente a las 15.567 de taxi. La irrupción de estas miles reclamadas por Cabify incluso habrían superado las de taxi. En Cataluña, la proporción es muy superior 3.714 de coche con conductor del total de casi 16.500.
Este sector vive años sumido en esa maraña judicial y también regulatoria. Primero fue el llamado ‘Decreto Ábalos’ que trasladó toda la decisión para imponer reglas a las comunidades autónomas e impuso una fecha de caducidad de 4 años para las autorizaciones antes. Las autoridades regionales impusieron sus respectivas restricciones, especialmente duras para la VTC en Cataluña.
