El taxi pide a Europa que sea declarado servicio público de interés general
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA ‘TAXI’ NÚM. 90 ENERO-MARZO 2022 DE LA FEDERACIÓN PORTUGUESA DEL TAXI, MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DEL TAXI
EL TAXI PIDE A EUROPA QUE SEA DECLARADO SERVICIO PÚBLICO DE INTERÉS GENERAL
El taxi, a nivel europeo, se encuentra en una encrucijada de vital importancia de cara al mantenimiento de un servicio público como es el nuestro. La aparición de las plataformas en todos los países intentado apoderarse de nuestro mercado es el objetivo común de estas aplicaciones, la gran mayoría haciendo competencia desleal y saltándose las leyes de los países donde se instalan.
Como en la gran mayoría de los países, hasta no hace muchos años, existían los taxis con un servicio regulado, vehículos debidamente homologados y con tarifas aprobadas por los entes locales o estatales dependiendo de las diferentes normativas. Y, por otro lado, los vehículos con otra categorización, destinados más a otros servicios de lujo, gerencias, entierros… Ambos colectivos coexistían sin ningún tipo de problemas.
Cuando irrumpen este tipo de plataformas como UBER y Cabify utilizan las VTC para competir de forma completamente desleal con los taxis. En otros países, FreeNow también emplea de forma exclusiva los vehículos de alquiler con conductor, aunque en España todavía no es el caso ya que los servicios de esta última plataforma lo realizan taxis.
A partir de aquí, en los distintos estados, se inician procesos judiciales en defensa del sector del taxi principalmente por incumplimiento de las normativas y también por competencia desleal contra estas plataformas. Concretamente en España, el Tribunal Supremo declara a nuestro sector como un servicio de interés general y reconoce la proporción existente hasta entonces de 1 VTC por cada 30 taxis.
Procesos judiciales que algunos han llegado hasta Europa como el que se produjo en el mes de diciembre del 2017, fruto de las denuncias presentadas por las asociaciones del taxi de España. El Tribunal de la UE sentenció que UBER era un servicio de transporte y no una plataforma digital, resolución por la que las autoridades nacionales podían exigirle licencias y autorizaciones como las que se les requieren a los taxistas.
Uber quiso entrar inicialmente, por lo menos en España, con conductores y coches particulares sin ningún tipo de autorización administrativa, encubierta en la famosa economía colaborativa (UBERPOP).
Hay que recordar con anterioridad a la sentencia Europea, que UBER entró en Barcelona en el 2014 con intención que sus servicios los realizarán particulares con sus vehículos amparándose entonces en la economía colaborativa y sin ningún tipo de autorización. En aquel entonces, el STAC junto con el resto de las organizaciones denunciaron que era una trampa que se le hacía tanto a la administración como a los propios ciudadanos.
A partir de aquí UBER y otras plataformas ven a las VTC como una vía para desarrollar su negocio e intentar comerse el mercado del taxi. En España además les favoreció unos vacíos normativos que se produjeron en el 2009 y que liberalizaron las autorizaciones de VTC al ser anulada la proporción de 1/30 que existía hasta entonces.
Su expansión se produjo en España sobre todo a partir del 2015 cuando los juzgados les fueron dando la razón y la administración se vio obligada a conceder las autorizaciones, negadas anteriormente. Más de 20.000 en España
Desde entonces, las asociaciones de taxistas, en España y en toda Europa, reclaman un marco de regulación más severo ya que los VTC no hacen su servicio natural, sino que invaden el del taxi. Teniendo en cuenta además que el incumplimiento de esas empresas de la normativa es constante. Sólo hay que tener en cuenta que en el 2020 en España a estas empresas se le abrieron más de 3500 expedientes por saltarse las leyes.
En la actualidad, el Tribunal Europeo ha de estudiar unas preguntas que el Tribunal de Justicia Superior de Catalunya ha elevado a dicho organismo en un litigio que tiene que resolver ante una demanda contra el Reglamento del Área de Metropolitana de Barcelona que regula los servicios que discurren en su territorio.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha pedido que se manifieste al Alto Tribunal Europeo en dos temas. Una, en la doble autorización que se necesita para hacer transporte de VTC en el Área Metropolitana de Barcelona y otra, la proporcionalidad existente del 1/30 que ya fue resuelta por el Tribunal Supremo en junio de 2018.
Prácticamente, tanto el STAC como el resto de las organizaciones de España nos hemos presentado a la vista de ese juicio y estamos esperando que dictamine, primero la Abogacía y después el Alto Tribunal.
Desde nuestro punto de vista, es necesario una organización europea del taxi sobre todo cuando existen pendientes muchos temas como son el futuro de estas plataformas (los lobbies están presionando a nivel europeo) y también las normativas sobre diferentes regulaciones que tarde o temprano llegaran a nuestro sector.
Es de vital transcendencia que nuestra voz se escuche y nuestras reivindicaciones también sobre todo cuando estamos pidiendo a nivel europeo que el TAXI SEA DECLARADO SERVICIO PÚBLICO DE INTERÉS GENERAL.
Las políticas conservadoras y neoliberales pretenden liberalizar el sector de los VTC que significaría la muerte del taxi. Como ha pasado en Madrid, gobierno del Partido Popular, donde van a permitir a este tipo de vehículos (8.000 en total) trabajar libremente en clara competencia con los taxis que hay 16.000.
Un saludo a todos los compañeros de Portugal.
Lluís Berbel
Presidente
Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
