Las asociaciones del taxi del AMB presentan las reclamaciones administrativas ante Generalitat y AMB
BARCELONA. YOTAXI.- Consecuentes con su determinación de defender al sector, no solo en la calle, sino en todos los frentes, las asociaciones SINDICATO DEL TAXI DE CATALUÑA (STAC), AGRUPACIÓ TAXI COMPANYS (ATC), ASOCIACIÓN NUEVA GENERACIÓN DE TAXISTAS (ANGET), ASOCIACIÓN DE TAXISTAS LATINOS UNIDOS (TLU) y la ASOCIACIÓN DE TAXISTAS PAQUISTANÍS DE CATALUÑA (PAKTAXI), presentaron, a través del bufete de abogados que les representa, Aleix Canals, el pasado 27 de noviembre, dos reclamaciones administrativas ante la Conselleria de Transports de la Generalitat y la otra ante el AMB, sostenidas por una sólida argumentación jurídica.
De su decisión de emprender estas reclamaciones ya informaron al sector a través de un comunicado el día 21 de setiembre.
El resumen de lo que exigen es el siguiente:
PRIMERO. Medidas económicas inmediatas de rescate y de ayuda directa al Taxi. Frente a otros sectores económicos que están siendo objeto de partidas específicas, el Taxi ha sido el gran silenciado y olvidado, a pesar de ser un servicio público esencial. Esto no se puede tolerar y hay que ponerle remedio ya mismo.
SEGUNDO. Estudios serios y bien documentados del impacto que la crisis generada por el Covid está provocando en el sector. Las Administraciones tienen datos suficientes (respecto a la bajada del turismo, la desprogramación de ferias y congresos, la reducción de la movilidad general, etc) y la capacidad necesaria para hacer documentos que así lo acrediten. Se trata de justificar y demostrar la parálisis que estamos sufriendo y la constante sangría de nuestra recaudación desde el mes de marzo de 2020. Estos estudios son necesarios no sólo para acreditar nuestra caída brutal de ingresos, ante cualquier ayuda solicitada, sino también para que ese déficit económico sea compensado con un aumento de tarifas proporcional a partir del 2022.
TERCERO. No podemos continuar con regulaciones “a medias tintas”. Desde el mes de mayo que pedimos al IMT un cambio en la normativa para que este tipo de regulaciones se pudieran hacer sin problemas. Este cambio no se ha producido hasta el mes de octubre. Tenemos, pues, una regulación oficial, es cierto y en su día nos felicitamos por ello, pero no es menos cierto que ha llegado tarde y mal, porque ni ha colmado las expectativas del Sector, ni se ha ajustado eficazmente a la situación de la demanda. Por tanto, pedimos una modificación del reglamento metropolitano del taxi para que la oferta de la flota pueda ser regulada por el IMT sin ninguna traba y únicamente para hacer frente a situaciones tan graves y extraordinarias como la actual.
CUARTO. Son necesarias, además, una serie de medidas específicas:
• Flexibilizar los supuestos de suspensión provisional de licencias (ampliando los actuales).
• Aumentar (prolongando los plazos) la antigüedad máxima de los vehículos.
• Determinar, de una vez por todas, recursos económicos (en forma de ayudas directas) para la renovación de la flota y la adquisición de vehículos con garantías de respeto eco-ambiental.
• Consignar en el presupuesto del AMB una partida especial destinada a asumir y paliar gastos específicos derivados de la crisis (por ejemplo, todo lo referido a medidas de seguridad e higiene o el coste de un cambio de calendario sin que haya aumento de tarifas).
QUINTO. Ni el Sector, ni el derecho a una movilidad segura y regulada de la ciudadanía pueden esperar más: hay que poner en marcha ya mismo todas las medidas de regulación de los VTC piratas. Las Administraciones deben dejar de jugar con nosotr@s. No admitimos más demoras en este asunto. No puede ser que la piratería continúe captando ilegal e impunemente en nuestras calles, sin que nadie les diga nada.
SEXTO. Ya hace meses que la Administración se comprometió a poner en marcha una App pública del Taxi, integrada dentro de la red telemática del Transporte Público. Pero, de momento, sólo hemos oído palabras y promesas. La App pública es un recurso prioritario e imprescindible para la mejora y modernización de nuestro servicio y, por ello, exigimos su desarrollo inmediato.
“Estas reclamaciones administrativas que hemos presentado también tienen un doble efecto: por un lado, dejar constancia de todo lo que hemos planteado a la Administración durante todos estos meses (dado que no han levantado acta de ninguna reunión, tal y como hemos solicitado reiteradamente las asociaciones) y, por otro lado, de hilo conductor de todas las tareas pendientes y de su correcta y eficaz ejecución. Nuestros argumentos y demandas están legalmente bien fundamentadas. Nos reservamos la opción de continuar con el procedimiento legal en caso de una respuesta demasiado tibia o poco convincente por parte de la Administración”, finaliza el comunicado.