Uber pierde su primera batalla judicial frente al gremio de taxistas en Francia

* Las facturas varían “por la duración de la carrera y la distancia recorrida”, algo ilegal según sus restricciones en Francia
* Los coches Uber son usados a menudo como si fueran taxis públicos, pero tienen diferentes restricciones
FRANCIA.- La aplicación móvil Uber para compartir coches y ser alternativa a los taxis acaba de perder una batalla en Francia, después de que el Tribunal de Comercio de París le haya exigido que cambie su método de facturación.
Según recoge este martes el diario francés Les Echos, la compañía estadounidense, que permite contactar vía móvil con vehículos de transporte con conductor (VTC) y otros clientes, ha recibido la orden de modificar la forma en que realiza sus facturas, bajo pena de una multa de 15.000 euros por la infracción.
Como fenómeno surgido en 2009, los VTC son usados a menudo como si de taxis públicos se tratara, pero cuenta con diferentes restricciones como la de trabajar con reserva anticipada (la contratación en la vía pública está reservada para taxis) y la obligación de indicar una tarifa total fija antes del servicio.
Y es en este último punto en el Uber no cumple con la regulación francesa: tanto en su sitio web como en la aplicación para smartphones simplemente solicita un rango de precio, calculado en función del tiempo de viaje y la distancia recorrida.
La Asociación Francesa de taxi solicitó una resolución urgente al Tribunal de Comercio de París, que destaca que las facturas que envía a sus clientes recogen variaciones “dependiendo de la duración de la carrera y la distancia recorrida” lo que el tribunal considera “materializa una violación de la normativa […] y constituye algo manifiestamente ilegal”.
Contactado por Les Echos, el presidente ejecutivo de Uber en París, Thibaud Simphal, sostiene que determinar un precio fijo de antemano “es demasiado restrictivo para permitir el desarrollo comercial del VTC”.
La compañía estadounidense tiene otros frentes abiertos en Francia, como una denuncia por supuestas “prácticas comerciales engañosas” ante la Corte Penal de París.
En este caso la fiscalía solicitó a principios de julio una multa de 100.000 euros. La sentencia se conocerá el próximo 16 de octubre.