El taxi cifra en 21 millones los servicios de VTC desde junio sin régimen sancionador y alerta de falta de controles
MADRID.- El sector del taxi de la Comunidad de Madrid ha cifrado en 21 millones los trayectos que han llevado a cabo los vehículos de transporte sin conductor (VTC) desde que en junio se modificara la Ley de Transportes sin incluir régimen sancionador y ha alertado de que si no se refuerzan las inspecciones no se podrán controlar.
Así lo han expuesto en sendas comparecencias el presidente de Élite Taxi Madrid, Javier Fernández Valero, y su homólogo de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), Julio Sanz, en la comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid. “La modificación de la Ley de Transportes Urbanos ha sido una auténtica chapuza. No sé si se pueden hacer las cosas peor (…) Lo pueden calificar de bodrio o de truño, si quieren un lenguaje más básico”, ha arrancado Sanz, quien ha deslizado que esta norma es de 1998 y que tras 24 años se tramitó en junio “por lectura única”. Se ha hecho “a medida” de las grandes plataformas y dejándose una “laguna jurídica” al no ir acompasada del régimen sancionador.
En este punto de inestabilidad jurídica a ojos de Sanz se habrían llevado a cabo 21 servicios en seis meses y 8 millones solo de octubre hasta el 7 de diciembre. Ha afeado la “pamplina” que entiende que le han vendido las empresas al Ejecutivo regional porque “no es una competición justa” cuando desde estas plataformas se estaría, según el taxi, haciendo “dumping” de precios.
Las VTC bajarían los precios por debajo del mercado para captar clientes y luego “subirlos exponencialmente” cuando son necesarios. Ha citado como ejemplo el festival Madcool. “Pido un poco de sensibilidad para no esquilmar el sector. Ustedes van a dejar de ser diputados, pero nosotros seguiremos siendo taxistas”, ha reprochado.
Por su parte, Fernández ha censurado la “tomadura de pelo” que supone la regulación de las VTC y el taxi planteada por la Comunidad en nombre de una “falsa libertad”. Este modelo, según ha explicado, ya habría fracasado en Corea, Japón, Estados Unidos o Irlanda en la que han “dado marcha atrás” en la desregularización del taxi porque “no ha mejorado el servicio ni a las empresas, usuarios o conductores”.
A continuado poniendo en el foco el Reglamento del VTC que entiende que debería tener un período de precontratación de al menos 1 hora y la obligación de la vuelta a base para que no puedan hacer captación activa de clientes en la calle. También ha reprochado el proyecto de régimen sancionador “más laxo” que al que se somete el sector del taxi.
“Aunque tampoco sirve de nada un régimen hiperduro si no tienes con quién sancionar (…) No hay inspección porque no hay suficientes medios de la Comunidad de Madrid”, ha añadido Fernández para asegurar a continuación que hay VTC que pasan ITV cambiándose la matrícula y otras, por ejemplo, que utilizan el carril bus cuando no podrían por ley.
Fernández ha pedido que junto al régimen sancionador exista un aumento “exponencial” de los controladores para poder hacer un “chequeo”. Entiende que no puede haber “15 o 20” sino que debería haber un servicio “específico” porque se produce una inseguridad vial incrfeible.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y REGLAMENTOS DEL TAXI Y DE LA VTC
Precisamente el Régimen Sancionador de las VTC y los Reglamentos de este servicio y del taxi son tres de las normas pendientes a menos de un mes del fin de la Legislatura. El consejero de Transportes, David Pérez, aseguraba a principios de este año que estaban trabajando para sacarlos adelante los tres antes de abril.
El régimen sancionador fue el primer ‘no’ de Vox al PP tras no aceptar sus enmiendas parciales a los Presupuestos regionales de 2023 presentadas fuera de plazo. La formación encabezada por Rocío Monasterio no permitía al Gobierno tramitar por lectura única el texto, que está precisamente en el proceso de enmiendas y aún no se ha aprobado.
El consejero de Transportes explicó el 6 de febrero que en el caso del Reglamento del Taxi se busca quitar trabas y liberalizar horarios, y que con el del VTC se pretende “obligarles” a cumplir las normas y los criterios de calidad, “creando un marco para que puedan trabajar pero sin invadir al taxi”.
