El AMB tramita cerca de 3.000 peticiones de licencia de VTC urbana
El Instituto Metropolitano del Taxi tiene hasta el 31 de diciembre para deliberar, pero no se espera que la cifra final sea superior a 800 credenciales
Es muy probable que los permisos denegados terminen en los tribunales
El 90% de las licencias que operan en Catalunya lo hacen dentro de los 36 municipios que conforman el AMB, considerada toda ella como ámbito urbano, es decir, plenamente afectada por la nueva reglamentación. La moratoria estatal terminaba a finales de septiembre, pero el IMT se ha dado de plazo hasta el 31 de diciembre para resolver, con lo que las VTC pueden seguir circulando con la credencial anterior. Será a partir del 1 de enero cuando los permisos vigentes (la tasa es de 500 euros) tengan que adaptarse a la nueva normativa, mucho más exigente que antes: cada licencia debe ir asignada a un vehículo y debe acreditar que ha estado operativa en el último año (un mínimo de 100 servicios), el conductor debe tener dos años de carnet como mínimo y disponer de un seguro millonario y, lo más complicado, los coches deben tener una longitud mínima de 490 centímetros. Solo esto último deja fuera a la inmensa mayoría de los pretendientes.
Condiciones draconianas
En Catalunya hay unas 4.000 licencias, pero mil no están activas y, por lo tanto, ya no podrán ejercer la actividad económica. Quedan unas 3.000 con vehículo asignado, pero solo la mitad han trabajado de manera continuada en el último año. La cosa ya se queda en 1.500 credenciales. Según cifras de Territori, solo unas 750 licencias cumplirían con los requisitos del decreto ley 9/2022, a los que hay que sumar lo ya establecido por el propio Govern a principios de 2019, esto es, los 15 minutos de precontratación y la prohibición de circular a la caza de clientes. De facto, supone la expulsión de empresas como Cabify y Uber (ya no operaban con VTC en la ciudad) de la capital catalana.
Fuentes del sector explican que el aluvión de peticiones denegadas terminará en una lluvia de demandas, una cruzada judicial en masa con el objetivo de poner el reglamento catalán contra las cuerdas. El decreto, elaborado por el equipo del anterior ‘vicepresident’ Jordi Puigneró, es el paso previo a una ley catalana de transporte de personas que deje negro sobre blanco las nuevas condiciones del tablero de juego. De hecho, el propio decreto, que tiene una validez de dos años, se da otros 24 meses de moratoria para dar más margen a la redacción del nuevo marco legislativo, que, previsiblemente, será igual de restrictivo.
