Uber espera su sentencia de muerte en Valencia

Logo tipo de UBER

 

 

 

 

 

VALENCIA. MERCA2. ERNESTO RODRIGUEZ.- El fin de la moratoria del «decreto Ábalos» ha dejado el caos en las VTC, incluyendo a Uber. En la mayoría de España, las comunidades autónomas no se han atrevido a regular alrededor de estas compañías, que ahora apenas tienen seguridad jurídica para que puedan funcionar en Madrid y Andalucía -con restricciones en esta-, mientras que la regulación de Cataluña les prohíbe la entrada en la ciudad.

La siguiente gran interrogante es Valencia, pues la ciudad es una de las más importantes para la empresa. Sin embargo, se están preparando para otro revés, pues todo indica que el Gobierno de la región, liderado por Ximo Puig, cederá ante los taxistas y aprobara una regulación más cercana a la catalana que a la andaluza, lo que los dejaría prácticamente sin poder operar en otra de las grandes ciudades de España. Es una preocupación que extienden al País Vasco, donde no ven movimiento para una nueva regulación. 

Mientras tanto, los Uber y Cabifys que recibieron su licencia después del decreto podrán funcionar aún hasta que se apruebe la nueva regulación. Es un porcentaje bastante bajo, que espera con terror cada noticia sobre la nueva regulación valenciana, cuya única esperanza es que esta se demore más allá de las elecciones autonómicas de 2023.

El argumento que Uber y las otras VTC han repetido hasta el cansancio es que la regulación catalana está diseñada para que no puedan operar. Es complicado discutirlo, con medidas mínimas en los coches que son casi imposibles de cumplir o la imposibilidad de atravesar algunas zonas. De hecho, el único vehículo eléctrico de transporte particular que cumple las medidas exigidas para operar en Barcelona es el Tesla Model S, el que usan los taxis en la ciudad.

Es el mismo temor que tienen en ahora en Valencia, donde parece probable que se siga el ejemplo catalán y no tanto el de Andalucía, una regulación que, aunque no es tan liberal como la de Madrid, les permite seguir operando en ciudades como Sevilla y Granada. Lo que podría ayudarlos para volver a la Generalitat es una victoria electoral del PP, que probablemente presentaría una regulación más parecida a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero que las encuestas aún muestran complicada.