UPTA propone al Gobierno que considere medidas urgentes para apoyar a los autónomos jóvenes

MADRID.- Actualmente la Ley General de Seguridad Social contempla la posibilidad de que los jóvenes hasta 30 años y las mujeres hasta 35 puedan acogerse a una reducción de su base de cotización equivalente a un 30% de la base mínima aplicable en cada momento, por un periodo de 15 meses y una bonificación del mismo porcentaje en los 18 meses siguientes.
Desde finales del año 2007 son ya 201.000 jóvenes los que se han acogido a este beneficio, continuando su actividad como autónomos.
Sin duda esta medida, así como la de la capitalización de la prestación por desempleo, tiene relación directa con un hecho muy significativo, y es el de que pese a todas las dificultades con las que se encuentran, sin embargo la evolución estadística de este colectivo ha mejorado de forma sustancial recientemente, en especial si tenemos en cuenta el fuerte decrecimiento que sufrieron las nuevas iniciativas económicas entre los jóvenes durante los años 2009 y 2010.
Así, la última Encuesta de Población Activa nos muestra que frente a un crecimiento negativo de más de 22.000 autónomos en el II Trimestre del año, sin embargo el grupo de menores de 30 años creció en 2.400.
Por otra parte, siguiendo los datos registrales de la Seguridad Social, contemplamos que durante el año 2010, los autónomos jóvenes menores de 30 años disminuyeron en 16.000, mientras que en los primeros seis meses del año 2011 continúan con estabilidad, siendo 237.000 de forma mantenida desde el primer mes del año.
Todo ello lleva a pensar a UPTA España que con unas políticas ajustadas, de poco coste, pero de gran eficacia, podría mantenerse en los siguientes trimestres un aumento constante de los jóvenes autónomos que se encuentran en este tramo de edad, particularmente apoyando a los que han estado en periodos de desempleo continuado en los últimos 18 meses.

Esta medida que se propone, aún teniendo un carácter muy diferente, sin embargo podría asemejarse a la recientemente promulgada de apoyo a la contratación parcial de las personas que forman parte del mismo colectivo de desempleados. “Se trata de igualar la bonificación al menos en los mismos términos que se apoya a la empresa cuando contrata a un joven con estas características”, asegura Sebastián Reyna, secretario general de UPTA España.
Dos son los factores fundamentales para la creación de autoempleo juvenil: no crear cargas excesivamente altas durante el primer año de actividad, en este sentido la reducción del coste de la Seguridad Social es condición sustancial, y por otra parte encontrar mecanismos de financiación alternativos al sistema financiero habitual, para lo que resulta especialmente necesario crear un sistema real e integrado de microfinanciación pública en nuestro país.
Para ambos caso UPTA España propone las dos siguientes medidas:

  • Teniendo en cuenta la grave situación económica y considerando que el autoempleo juvenil es una de la mejores respuestas que puede dar la sociedad a la grave dificultad para encontrar un empleo estable, consideramos que la medida de reducir las cuotas de la Seguridad Social en el primer periodo de actividad económica debiera reforzarse para unos colectivos muy determinados, como son los desempleados con menos de 30 años que lleven inscritos en las oficinas de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores al alta.
    Para ellos se aplicaría una reducción del 100% en la cuota durante los 12 primeros meses y una bonificación de la misma del 30% en los 18 siguientes.
    Para el resto del colectivo de edad que no cumpla esta condición se mantiene el sistema actual.

  • Más allá de algunas iniciativas privadas en España, no hemos llegado a contar nunca con un verdadero sistema integral de microfinanciación para jóvenes emprendedores, y los pocos proyectos puestos en marcha resultan ineficaces, sobre todo por su dispersión, escaso presupuesto y diferentes criterios de gestión. El Gobierno debe crear de forma urgente un sistema único de microcréditos de carácter público-privado, para ello sería necesario consolidar en una línea propia del Instituto de Crédito Oficial todas las actualmente existentes gestionadas por ENISA, la DG Pyme, Igualdad, así como las provenientes de programas europeos.
    Esta nueva línea de ICO-Microcréditos se desarrollará con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que puede posibilitar la subvención del tipo de interés del crédito recibido por el emprendedor, y participarán en la misma, en términos de colaboración, las entidades financieras privadas que así lo acuerden, así como las entidades sociales que sean seleccionadas para realizar las acciones de acompañamiento y prescripción de los créditos.
    La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España considera que estas dos medidas deberían ser incorporadas en el Real Decreto Ley que apruebe el Gobierno el próximo día 19 de agosto de 2011, “con el fin de que sean incorporadas con carácter de urgencia a las medidas de reforma que presenta el Gobierno en el marco de la actual situación económica”, aclara Reyna.