La Junta de Andalucía endurece la normativa para acabar con los taxis ilegales

Manifestación de taxistas andaluces, en julio en Sevilla. / PACO PUENTES
Manifestación de taxistas andaluces, en julio en Sevilla. / PACO PUENTES
SEVILLA. EL PAIS. ANTONIO JESÚS MORA CABALLERO.- El Gobierno andaluz ha dado un paso más en la lucha contra el intrusismo en el sector del taxi. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una modificación de la actual normativa que permitirá a los policías locales inmovilizar los taxis ilegales hasta que su conductor pague la multa. Hasta el momento, como recuerdan desde la Consejería de Fomento, los agentes solo podían retener el vehículo mientras imponían la sanción. “Era una práctica ineficaz porque, una vez multado, el conductor podía seguir circulando y cargar a nuevos pasajeros”, apunta el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, Miguel Ruano. El importe de las multas oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros.
Con la aprobación de este decreto ley, que modifica la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, la Administración andaluza endurece el control contra esta práctica. Además de permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la sanción, la modificación contempla que el conductor multado deberá pagar los gastos originados por el depósito del vehículo y garantizar a sus usuarios una alternativa para llegar a su destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la Administración, pero también deberán ser sufragados por el conductor. “Es una de las grandes reivindicaciones del sector y confiamos en que pueda servir para corregir esta situación”, apunta Ruano.
Según la nota emitida tras el Consejo de Gobierno, “los servicios de inspección del transporte o las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia deberán retener la documentación del vehículo, formular la denuncia y entregarla en el acto a la persona denunciada por servicio de transporte ilegal. De acuerdo con la normativa vigente, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros”.
Tanto la consejería como los empresarios destacan la dificultad para ponerle números a esta práctica ilegal. “Andalucía es el punto del país con más intrusismo en el sector, sobre todo en la época estival o en zonas como la Costa del Sol. Pero es muy complicado dar una cifra”, explica el presidente de los taxistas. “El 90% de los servicios ilegales de transporte se prestan sin salir de los términos municipales”, apuntan desde Fomento.

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