Golpe a taxistas y hoteleros: Europa se pone del lado de Uber y Airbnb

Un iphone, conectando con la aplicación de Uber en Washington, capital de EEUU.
Un iphone, conectando con la aplicación de Uber en Washington, capital de EEUU.
* Informe de la UE sobre Economia Colaborativa.
* El informe no es vinculante
* Bruselas acaba de publicar un esperado informe sobre economía colaborativa. En él recomienda a los estados miembros que no pongan trabas a Uber, Airbnb o Blablacar
* Las plataformas colaborativas pueden estar exentas de ser responsables por la información que almacenan sobre los usuarios
* El contenido del informe supone un espaldarazo a Uber, Cabify, Blablacar o Airbnb mientras que resta argumentos a hoteles y taxistas

BRUSELAS. EL CONFIDENCIAL. JAUME ESTEVE. MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ.- Más Uber, más Airbnb y menos regulación. La Comisión Europea acaba de publicar un informe sobre economía colaborativa en el que da el espaldarazo más claro hasta el momento a esta actividad. El informe es una especie de guía legal para aconsejar a los países miembros cómo afrontar el reto de la economía colaborativa aunque, de paso, se posiciona claramente a favor de impulsar plataformas como Uber, Airbnb o Blablacar. “Las prohibiciones de este tipo de actividades deben ser solo una medida de último recurso”, asegura la UE.
“Una economía europea competitiva requiere innovación. El próximo unicornio de Europa puede surgir de la economía colaborativa. Nuestro papel es crear un marco regulatorio que permita desarrollarse a los nuevos modelos de negocio, a la vez que se proteje a los consumidores y se aseguran políticas impositivas y de empleo justas”, ha asegurado esta mañana el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen.
Son esos tres frentes, el marco regulatorio para permitir (o no) el funcionamiento de servicios de economía colaborativa, el marco impositivo y el del empleo, los que trata de atajar el nuevo estudio de la Comisión.

Intermediarios vs plataformas profesionales

Sobre lo primero, Bruselas es muy clara en su informe: “los proveedores de servicios [es decir, Uber, Airbnb y compañía] deben estar obligados a obtener una autorización o licencia solo si es estrictamente necesario para cumplir objetivos de interés público. Las plataformas no deben estar sujetas a autorizaciones o licencias cuando solo actúen como intermediarios entre consumidores y los que ofrecen el servicio. Los países miembros deben diferenciar también entre ciudadanos individuales ofreciendo servicios de forma ocasional y proveedores actuando en su capacidad profesional, por ejemplo, estableciendo límites máximos en base al nivel de actividad”.
La recomendación es una referencia directa a firmas como Blablacar, que llevan durante el último año defendiéndose en países como España recurriendo justo a este argumento: somos meros intermediarios entre consumidores, no una compañía de transportes. Algo parecido se puede interpretar de Airbnb. El caso de Uber y Cabify puede tener una interpretación diferente, ya que no solo actúan de intermediarios, también actúan como plataformas profesionales en las que hay una relación laboral con los empleados (conductores).
La Comisión también toca en su informe, compuesto por varios documentos, la problemática de quién debe ser responsable en caso de que surja algún problema contratando servicios de economía colaborativa. ¿La plataforma? ¿El consumidor? “Las plataformas colaborativas pueden estar exentas de ser responsables por la información que almacenan sobre aquellos que ofrecen el servicio [por ejemplo, un conductor que usa Blablacar para compartir gastos llevando a otros pasajeros]. No deben estar exentas de responsabilizarse de cualquier servicio que ofrezcan ellas mismas, como los pagos”.

Empleo e impuestos

En los otros dos frentes clave que aborda el informe, la Comisión Europea es también bastante clara manifestando su apoyo a las plataformas de economía colaborativa, aunque deja libertad a cada Estado miembro para legislar. “Las leyes laborales son competencia casi exclusiva de cada país, complementándose con unos estándares mínimos legales de la UE. Los Estados miembros puede que quieran considerar criterios como la relación de subordinación con la plataforma, la naturaleza del trabajo y la remuneración cuando decidan si alguien puede ser considerado un empleado de una plataforma”.
Sobre los impuestos, Bruselas recomienda a cada país miembro simplicar sus leyes impositivas y es también directa: las compañías de economía colaborativa tienen que cumplir su obligación de pagar impuestos. “Tienen que pagarlos, igual que cualquier otro participante en la economía. Los impuestos relevantes incluyen el impuesto sobre la renta, impuestos corporativa e IVA. Se anima a los Estados miembros a simplificar y aclarar la aplicación de las reglas impositivas a la economía colaborativa. Estas plataformas deben cooperar con las autoridades nacionales para registrar su actividad y facilitar la recolección de impuestos”.
El contenido del informe supone un espaldarazo a plataformas como Uber, Cabify, Blablacar o Airbnb mientras que resta argumentos a las patronales hoteleras, del taxi o del autobús en el caso español. Los problemas con los que se han encontrado las plataformas de economía colaborativa no se limitan a Uber. Blablacar en España está pendiente de la sentencia de un juicio con la patronal del bus, Confebús, mientras que en Berlín se corre el riesgo de pagar una multa de 100.000 euros si se pone un piso en alquiler en Airbnb. En este último caso, Bruselas recomienda imponer un límite al número de noches que se puede alquilar un apartamento en lugar de proceder con multas tan cuantiosas.

¿Mismas reglas para todos?

El sector del taxi en España es consciente de que ese informe de la UE supondrá un osbtáculo en sus aspiraciones de competir con las nuevas plataformas de transporte pero esperan que iguale las reglas del juego. “No tenemos problemas en que Uber sea legal —admite Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi—, pero no estamos de acuerdo en que no se diga nada cuando hacen trampas con el tema fiscal. Hay que ver cómo contribuyen estas plataformas a la hacienda pública y qué formas de empleo van a generar. Sabemos que en Cabify trabajan un centenar de conductores como falsos autónomos”.
Cabify responde a estas acusaciones con la misma argumentación que ya hizo pública el pasado 25 de mayo: “Los transportistas que colaboran con Cabify lo hacen bajo un régimen de contrato mercantil de servicios y prestan el servicio directamente o mediante personal laboral contratado bajo el régimen general de la Seguridad Social de manera previa al inicio de su colaboración con la compañía. Cabify no da de alta a autónomos, sino que estos ya se han constituido como tales antes comenzar su relación contractual. Los transportistas que colaboran con Cabify no perciben un sueldo mensual, ni anual, sino que sus ingresos son consecuencia de la facturación de las horas y servicios realizados”.
Uno de los aspectos que pretende regular el informe es la legislación laboral para evitar que, en casos como el de Uber, la plataforma evite cualquier responsabilidad. La ‘app’ de transporte privado asegura que es una mera intermediadora entre conductores y pasajeros y que por ello no debe someterse a la regulación de empleo de cada país. Para Uber, la resolución es una noticia inmejorable: “Hoy, la Comisión Europea ha dejado claro que las leyes europeas protegen a los servicios de economía colaborativa de las restricciones desproporcionadas e insta a los Estados Miembros a revisar las regulaciones que atentan contra su desarrollo”.
Fuentes del sector de la economía colaborativa señalan un aspecto que creen esencial: “La Unión Europea le ha dicho a los estados que deben diferenciar entre la actividad profesional y la que se desarrolla entre particulares”. Esas mismas fuentes señalan que Bruselas quiere en el fondo la idea de diferenciar entre “un conductor que se pasa todo el día en el coche” de otro que “sale del trabajo y, de camino a casa, recoge a una persona y comparte el trayecto”.

La economía colaborativa  dejó 3.600 millones en beneficios en las arcas de la Unión Europea
La economía colaborativa dejó 3.600 millones en beneficios en las arcas de la Unión Europea

Esas fuentes señalan a Teknautas que las regulaciones actuales han ido “al trazo grueso”, pero que en las plataformas de economía colaborativa se puede encontrar de todo. “Vete a Wallapop, o a eBay, y encontrarás tiendas que no dejan de serlo por estar ahí. Al revés, utilizan eBay como un canal de comercialización. En Airbnb pasa algo parecido: hay profesionales que se valen de ese canal mientras que habrá gente que lo haga de manera esporádica”, afirman.

Un informe no vinculante

El informe de la Comisión Europea recomienda a los 28 que eliminen las trabas a la economía colaborativa y que dejen las medidas más extremas como último recurso. Leal, de Fedetaxi, cree que esas recomendaciones pueden ayudar a su sector a competir en igualdad de condiciones frente a los nuevos competidores.
Queremos explicar cómo nos afectan estas leyes tan guays e innovadoras que pretenden favorecer pero traen precariedad laboral
“Entendemos que se debe exigir a las multinacionales que tributen en España y que creen empleo legal y digno”, opina un dirigente sindical quien ha dejado entrever que su sector trabajará para hacer llegar sus peticiones a Bruselas: “Queremos explicar cómo nos afectan estas leyes tan guays e innovadoras que pretenden favorecer pero traen precariedad laboral y poca colaboración con el estado del bienestar”.
Dos de las grandes beneficiadas de la medida son Uber y Airbnb. Ambas fundadas en San Francisco en 2008, han sido las puntas de lanza de la llamada economía colaborativa. El camino de Uber en España ha sido más espinoso que el de Airbnb. La primera se enfrentó a un cierre judicial en 2014 que le obligó a desistir del modelo UberPOP, que ponía en contacto a conductores particulares. No ha sido hasta 2016 que ha regresado, bajo el modelo UberX, similar al que ya ofrece Cabify.
Airbnb no ha tenido que lidiar en España con ningún cierre, aunque la ciudad de Barcelona tramitó a finales de 2015 un par de expedientes contra la plataforma por anunciar pisos turísticos ilegales. Una situación que debería cambiar a partir de hoy si los 28 escuchan las recomendaciones de la Comisión Europea.

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