El TS inflama la guerra del taxi en Madrid con 3.000 nuevos permisos de Uber y Cabify

El Supremo decidirá, previsiblemente este año, si autoriza miles de licencias VTC, solicitadas antes de noviembre de 2015 y rechazadas por la Comunidad 

Foto: Taxistas madrileños protestan contra un vehículo de la compañía Cabify. (Gtres)
Taxistas madrileños protestan contra un vehículo de la compañía Cabify. (Gtres)
MADRID. EL CONFIDENCIAL- El Tribunal Supremo puede darle la puntilla al sector del taxi en Madrid si finalmente da vía libre este año a más de 3.000 autorizaciones VTC (alquiler de vehículos con conductor), paralizadas actualmente a la espera de la decisión del alto tribunal. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Transportes, está presentando recursos de casación para que el Supremo unifique doctrina, ya que por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está fallando a favor de las empresas que las solicitaron y tribunales de otras comunidades, en contra.

Actualmente, hay en Madrid 1.964 licencias VTC, las que usan conductores ‘rivales’ del sector del taxi que trabajan para plataformas como Uber o Cabify. El Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes no concede ya, salvo sentencia que le obligue, nuevas autorizaciones, “al existir una situación de desequilibrio” entre el número de VTC y taxistas. Desde julio de 2013, la ley marca un ratio de una VTC por cada 30 licencias de taxi. Como hay 15.776 taxistas, debería haber 525 VTC (y hay 1.964). “El ratio actual es de 1,85 VTC por cada 30 taxis, muy por encima de lo permitido”, señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

El problema se origina entre las licencias que se solicitaron entre julio de 2013 (cuando se modificó la LOTT) y noviembre de 2015 (cuando se aprobó la ROTT). En principio, la Comunidad de Madrid las denegó, pero las empresas y los particulares que las tramitaron recurrieron como un cuentagotas al TSJM y el tribunal les está dando la razón. “Cuando el TSJM falla a su favor, las concedemos, pero estamos presentando recurso de casación ante el Supremo para que unifique doctrina, ya que en otras comunidades sus respectivos TSJ no están dando la razón a las solicitantes”, señalan desde el Gobierno regional, que reconoce que ya ha tenido que conceder 300 licencias VTC solicitadas en ese periodo temporal en litigio.

Protestas de taxistas en Madrid en febrero de 2016. (Reuters)
Protestas de taxistas en Madrid en febrero de 2016. (Reuters)

“El punto de inflexión es julio de 2013”, señala Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, que asegura que en esa fecha se vuelve a establecer la limilitación de 1:30. “Pero el TSJM entiende que no, que es en noviembre de 2015 con el ROTT. En contra por ejemplo de lo que están fallando otros TSJ como el de Asturias o Navarra, que entienden que la ley de julio de 2013 ya legitima la limitación 1:30. En esas comunidades, los tribunales están desestimando los recursos presentados por los solicitantes de VTC a los que no se concedió la licencia porque la tramitaron con posterioridad a julio de 2013″.

Sanz asegura que su federación se está sumando a los recursos de casación que está presentando la Comunidad de Madrid y que se está preparando una gran convención nacional del sector del taxi en marzo para tratar un problema que les puede ahogar. En España hay 66.978 licencias de taxi y 5.296 autorizaciones de VTC (a 1 de febrero de 2017). Los taxistas madrileños también preparan una gran manifestación en la plaza madrileña de Cibeles el 16 de marzo.

Enfrentamientos constantes

Todas las asociaciones del taxi tienen miedo a que el Supremo falle a favor de las empresas que solicitaron las autorizaciones VTC, lo que supondría poner en las calles de Madrid más de 3.000 nuevos vehículos que se sumarían a los 1.900 que ya hay, un duro golpe al sector del taxi. “Un sector que ya está en precrisis”, señalan desde la Dirección General de Transportes. El taxi lo sabe y los enfrentamientos contra los vehículos de Uber y Cabify son constantes, sobre todo en centros neurálgicos tan importantes como el aeropuerto de Barajas o las estaciones de Atocha y Chamartín. Las VTC no pueden captar al cliente, como hace un taxi. Tienen una ruta asignada tras la contratación del servicio. Los taxistas les apodan ‘las cucarachas’, ya que los vehículos con licencia VTC suelen ser negros. Todos deben tener menos de nueve plazas y llevar visible la autorización (una pegatina de la bandera de la comunidad).

Las 3.000 nuevas licencias también supondrán mucho dinero en movimiento. Cuando se solicitaron, el trámite costaba una tasa de 36 euros. Ahora se están vendiendo en la calle a un precio medio de 41.000 euros (coche aparte), lo que se traduce en 123 millones de euros. El solicitante, si finalmente el Supremo autoriza su licencia, podrá revenderla o pasar a ser conductor de Uber o Cabify, empresas que compiten de manera feroz por hacerse con el pastel de las VTC. Lo que está claro es que el taxi tendrá que ser más competitivo y bajar tarifas (y eso que lleva dos años con los precios congelados), ya que actualmente es más barato ir al aeropuerto con un vehículo VTC que en taxi.

La Dirección General de Transportes ha decidido aumentar la plantilla de inspectores (cuatro más este año) para incrementar las inspecciones a vehículos y empresas, una labor con la que colaboran con la Policía Municipal y Guardia Civil. El año pasado se realizaron 9.000 inspecciones tanto a taxistas como a vehículos VTC para combatir el intrusismo, que acabaron con 881 denuncias. Unauto VTC Madrid, que aglutina a 80 empresas del sector, denuncia el “exceso de celo de los servicios de Inspección de la Comunidad de Madrid”. Unauto habla de acoso a los vehículos VTC, especialmente en el aeropuerto de Barajas y en la estación de Atocha, “donde decenas de vehículos son retenidos más de 20 minutos, a la vista de todos los viandantes y con los usuarios esperando, para comprobar su documentación. Una comprobación que se podría realizar de manera telemática en el momento”.

“Estas inspecciones, en lugares de gran afluencia y mal enfocadas, no contribuyen a combatir el intrusismo en ambos sectores, taxi y VTC. El abuso policial al que estamos sometidos, unido al excesivo tiempo para comprobar la documentación, haciendo esperar a los clientes, las sistemáticas inspecciones, hasta seis controles diarios al mismo vehículo, con la presencia de taxistas grabando en vídeo las actuaciones… son solo algunos ejemplos de una situación de acoso intolerable”, señala Unauto.

Las 5.000 autorizaciones pedidas y luego anuladas por los taxistas

La Federación Profesional del Taxi de Madrid, que agrupa a unos 5.000 profesionales, solicitó 5.000 autorizaciones VTC, para intentar bloquearlas y que plataformas como Uber y Cabify no pudieran utilizarlas. Lo hizo al margen del resto de asociaciones del taxi, que lo vieron como una traición. Las licencias nos la pidió la federación, sino una empresa constituida por la misma, Teletaxi Madrid Servicios, S.L.U.

Pero en enero de este año, Teletaxi envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid desistiendo de su petición, ya que entendió que otros tribunales superiores, como los de Navarra y Asturias, estaban rechazando peticiones similares porque su solicitud se había hecho después de la ley de julio de 2013, que legitima la limitación temporal de una autorización de VTC por cada 30 licencias de taxi. La Comunidad de Madrid, por su parte, había rechazado la solicitud de 5.000 licencias.

En su escrito al TSJM, Teletaxi “procede a desistir del presente recurso [el que había presentado contra la decisión de la Comunidad de rechazar su petición] por considerar que la sentencia que en su día se dicte por la Sala reproducirá la misma fundamentación contenida en las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y Navarra”. Pero en Madrid el TSJM está fallando a favor de los solicitantes. ¿Por qué está desestimiento?

Unauto VTC cree que Teletaxi ha desistido porque el Supremo ha anulado su constitución como sociedad mercantil, ya que se hizo ilegalmente. “En este sentido, Unauto aportó las pruebas necesarias para demostrar que dichas autorizaciones no podían ser concedidas, ya que la sociedad solicitante no estaba legalmente constituida”.

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