El taxi quedará excluido de la ley de Garantía de Unidad de Mercado (GUM)

MADRID.- El servicio de taxi, junto con el alquiler de vehículos con conductor o las oficinas de farmacia, quedarán excluidos del nuevo régimen de autorización única, previsto en la Ley de Unidad de Garantía de Mercado, lo que en principio significa que estos colectivos mantendrán su régimen de autorización actual. Así consta en una de las siete enmiendas ya presentadas por el PP a dicho proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria. Con esta nueva ley se pretende generalizar el principio de licencia única en todo el territorio nacional para eliminar barreras en el establecimiento de actividades económicas.
Los ‘populares’ proponen incorporar al texto una garantía de que determinados servicios como el taxi, “continuarán sometidos a su actual régimen de autorización y con eficacia nacional limitada”, lo mismo que sucede con los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.

Justificar la autorización

En otra de las enmiendas se recoge que sólo se podrá exigir autorización cuando concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que deberán estar “motivados suficientemente” en la ley que establezca dicho régimen, salvo que la exigencia se derive de una norma comunitaria o tratado internacional, que podrá estar previsto en una norma de rango inferior.
De este modo consideran los populares se “evitan posibles incongruencias” con lo previsto en la Ley de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone una directiva europea, y también se “endurecen las condiciones para establecer controles ex ante y se permite un mejor seguimiento entre las administraciones públicas”.
Este cambio que afecta al artículo 17, va acompañado de su correspondiente referencia en la exposición de motivos del proyecto de ley, que busca subrayar que la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad “debe entenderse sin perjuicio del principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional”.
“Una vez que los operadores han obtenido una autorización o presentado una declaración responsable o comunicación para acceder a una actividad, o incluso si han accedido a la misma sin necesidad de realizar ningún trámite previo, ésta podrá ser ejercida en todo el territorio nacional sin que quepa, por ejemplo, la exigencia de una nueva autorización, declaración responsable o comunicación excepto para determinadas actuaciones para las que se limita este principio de eficacia nacional”, tal como el PP sugiere añadir al texto.
Entre dichas excepciones, el proyecto de ley recoge las autorizaciones vinculadas a una instalación o infraestructura física concreta, los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, o cuando por razones de orden público (incluida la lucha contra el fraude, la contratación pública y la garantía de la estabilidad financiera) el medio de intervención corresponda al Estado.
Pese a esta modificación del PP, persiste la principal crítica de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y PNV, que han presentado enmiendas sobre este artículo apelando a su posible inconstitucionalidad y apoyándose en un argumento del voto particular formulado por el dictamen del Consejo de Estado sobre esta ley. Estas cuatro formaciones aseguran que este principio de eficacia nacional vulnera competencias autonómicas y, además, deja fuera a una docena de áreas que, conforme al derecho de la Unión Europea, son razones lícitas de imperioso interés general que pueden conllevar la exigencia de una autorización.

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