El Congreso dará este jueves luz verde a la Ley de Unidad de Mercado y la remitirá al Senado

MADRID. EUROPA PRESS.-  ·

El taxi quedará excluido de la ley GUM tras incluir el PP una garantía para que determinados servicios continúen con su régimen actual.


El Pleno del Congreso dará este jueves luz verde a la decena de modificaciones incluidas en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante su paso por la Comisión de Economía, como punto previo a su tramitación en el Senado. La normativa, cuya medida estrella es la licencia única de eficacia nacional –que una autorización de una comunidad autónoma sirva en cualquier otra región sin necesidad de pedir nuevos permisos–, es rechazada por el conjunto de la oposición parlamentaria, que la ve recentralizadora, uniformadora en términos normativos y desreguladora. Así, únicamente el PP apoyó la aprobación del dictamen de la Comisión aunque UPyD decidió finalmente abstenerse, tras conseguir incluir tres de sus propuestas de modificación en el texto definitivo.

UN AÑO DE PLAZO.
Entre otras cosas, las enmiendas de la formación magenta obligarán a las administraciones y entes públicos a remitir al Ministerio de Hacienda, en el plazo máximo de un año, toda la información que obre en su poder sobre los operadores económicos, establecimientos e instalaciones que sea necesaria para supervisar y controlar la aplicación del mercado único y de la licencia de eficacia nacional. Además, también tendrán doce meses para activar el sistema de intercambio electrónico de información entre las diferentes autoridades competentes en la materia. Por otra parte, UPyD también ha conseguido que el informe de evaluación sobre el impacto de esta ley que anualmente realizará la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sea enviado a la Comisión de Economía del Congreso, y no sólo a la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Por su parte, los ‘populares’ han incorporado al texto varios cambios orientados a garantizar la participación de los representantes de los operadores económicos en los procesos de defensa de sus intereses o en la toma de decisiones para remover obstáculos o barreras a la actividad económica.

EXCEPCIONES A LA LICENCIA ÚNICA.
El PP ha incluido asimismo en el proyecto de ley original una garantía para que determinados servicios –como los taxis, el alquiler de vehículos con conductor, las concesiones demaniales o las oficinas de farmacia– continúen sometidos a su actual régimen de autorización y con eficacia nacional limitada, lo mismo que sucede con los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.
Por otra parte, sólo se podrá exigir una autorización cuando concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que deberán estar “motivados suficientemente” en la ley que establezca dicho régimen, salvo que la exigencia se derive de una norma comunitaria o tratado internacional, que podrá esta previsto en una norma de rango inferior. Además, en el último momento el partido que da sustento al Gobierno incluyó en una de sus enmiendas una modificación de la Ley de Liberalización del Comercio, aprobada el pasado mes de noviembre, para ampliar de 500 a 750 metros cuadrados la superficie máxima para poder acogerse a la ‘licencia exprés’, que permite abrir un negocio de determinados sectores sin autorizaciones ni permisos municipales, tan solo con una declaración responsable y supeditándose a controles ex post de cumplimiento de la normativa. En la misma modificación se autoriza a las comunidades autónomas, “en el ámbito de sus competencias”, a ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales sujetos a la ‘licencia exprés’, y se les permite determinar cualesquiera otros supuestos de inexigibilidad de licencias” y establecer “regulaciones sobre estas mismas actividades con menor intervención administrativa, incluyendo la declaración de inocuidad”.